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25 de marzo
08:42 2015
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Antonio Huertas (Mapfre) defiende las reformas económicas propuestas por el CEC

El director general del Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), Fernando Casado, presentó ayer en Valencia las previsiones de este organismo sobre el crecimiento de la economía española en los próximos años, que se enmarcan en su último informe ‘España 2018’. Según el CEC, el PIB español crecerá en 2015 y 2016 a tasas cercanas al 3%, “igualando la velocidad de crucero de antes de la crisis”. Este nuevo impulso es consecuencia de la inercia interna y del impacto positivo de algunos factores externos como la depreciación cambiaria, la caída prima de riesgo y el precio del petróleo.

En el acto, que fue inaugurado por el conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo de la Generalitat Valenciana, Máximo Buch, intervinieron también Antonio Huertas, presidente de Mapfre, el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, Vicente Boluda, y Miguel Cardoso, Economista Jefe de BBVA Research. El presidente de Mapfre señaló en su intervención que “las reformas propuestas por el CEC intensificarán ese crecimiento económico” y, en relación con la Comunidad Valenciana, “la creación de empleo se verá intensificada por la mejora de la demanda interna y el impulso de las exportaciones”.

Los campos de actuación identificados por el CEC son: Mejorar el marco institucional para aumentar el tamaño empresarial y con ello el empleo vía productividad; seguir apostando por la internacionalización de la empresa española e incorporación a las cadenas de valor globales; mejorar el nivel educativo de la población reduciría considerablemente la brecha de bienestar con los principales países desarrollados; acelerar la Economía del Conocimiento; una política energética sostenible desde una perspectiva económica y medioambiental; mantener la posición en infraestructuras evitando la caída del stock de capital; una financiación fluida, clave para el desarrollo del país; la lucha contra el fraude laboral; y un ajuste fiscal creíble y sin riesgos en la ejecución para la sostenibilidad de la deuda pública. 

 

 

 

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