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16 de junio
08:32 2016
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CCOO propone medidas “de choque” para garantizar el sistema de pensiones

Medidas en dos plazos para garantizar que el sistema público de pensiones sea sostenible. El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha elevado sus propuestas y reclamado el compromiso público de los partidos políticos tras las elecciones del 26, pero insiste en que “debe retomarse urgentemente el Pacto de Toledo, de modo que tales medidas nazcan del acuerdo político y social más amplio posible”.

Sobre las medidas en dos plazos, el primero es de carácter inmediato tras la constitución del nuevo Gobierno, contando con la participación de todos los grupos parlamentarios que integrarán la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo y los interlocutores sociales. Objetivo: adoptar antes de fin de año medidas estructurales de refuerzo de los ingresos del sistema. El segundo plazo sería en el marco ordinario de actuación del Pacto de Toledo, una vez constituida su Comisión Parlamentaria. Ésta abordaría otras medidas “que permitan seguir actuando, de forma pactada, sobre las necesidades del sistema. Entre otras, en nuestra opinión, habría que reconsiderar la última reforma de 2013 para sustituir sus efectos por una garantía de mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones futuras y una nueva regulación del factor de sostenibilidad”, explica CCOO.

Para CCOO, la parte central de la solución para tener un buen sistema de pensiones pasa por crear más empleo y que éste sea de calidad. Y entre las propuestas reitera que se deben financiar las pensiones de muerte y supervivencia con impuestos. Recuerda que “CCOO fue la primera organización en anticipar, en 2013, la oportunidad de financiar las pensiones de viudedad, orfandad y a favor de familiares con impuestos. La propuesta desarrolla el objetivo de separación de fuentes de financiación establecido en el Pacto de Toledo atendiendo a la peculiar naturaleza de esta prestación”. En ese contexto señala que la propuesta no implica un cambio jurídico de la pensión y se limita a su financiación. Estima que su coste asciende a 22.000 millones de euros anuales, “por lo que su financiación con impuestos resuelve, a medio plazo, la mitad de los cuatro puntos adicionales que se necesitan para asegurar que el sistema público de pensiones sea sostenible y pague prestaciones de calidad”.


 

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