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La creación de una mutua de Salud por parte del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) está más que en el aire debido a las decenas de impugnaciones judiciales a las que se enfrenta la operación y al descontento de una mayoría de los colegiados, pese a que en noviembre su constitución fue aprobada formalmente "en una discutida Junta General". Lo ha confirmado a esta Redacción la plataforma 'Sin transparencia, no: Un servicio médico con futuro para todos', integrada por colegiados del ICAM que se movilizaron contra la propuesta.

Como desvelamos el pasado mes de octubre, el Colegio convocó una Junta General Extraordinaria para el 7 de noviembre de 2011 para someter a aprobación la transformación de su Servicio Médico mediante la constitución de una mutua de seguros a prima fija, con el objetivo de ofrecer las prestaciones de asistencia sanitaria a sus colegiados y también a otros colectivos. El ICAM esgrimía como fin garantizar su continuidad conservando el régimen de prestaciones para sus 47.000 usuarios y beneficiarios.

El portavoz de la plataforma, Fernando López-Orozco, confirma que el ICAM no ha vuelto a realizar ninguna comunicación sobre la evolución de la iniciativa: "En lo que se ha calificado de 'extraño caso' por el oscurantismo en su gestación y la inexplicable propuesta de la Junta de Gobierno, que priva de un plumazo y sin contraprestación a los colegiados de sus derechos y al Colegio de Abogados de activos valorados en decenas de millones de euros, lo que puede decirse es que los colegiados no han vuelto a tener noticia de las iniciativas de la Junta de Gobierno".

Los abogados colegiados madrileños recibieron tras la aprobación de noviembre una carta en la que se les instaba a tomar una decisión sobre sus futuras prestaciones, una carta que "poco menos que obligaba a los colegiados a 'elegir a ciegas', a optar por la mutua en unas condiciones desconocidas, si querían formar parte del  proceso fundacional, en un brevísimo plazo que terminaba el 1 de diciembre de 2011", añade el portavoz.

Vía judicial

La plataforma ratifica que en sede judicial, asumiendo una vía procesal excepcional, un Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid "ha admitido un recurso directo ('Vía de hecho') en el que los colegiados imputan a la Junta del Colegio estar actuando virtualmente al margen del derecho, usurpando las decisiones de la Junta General y facilitando a los colegiados una mera apariencia de información en la que se ocultan los aspectos más esenciales de la decisión".

También existen otras impugnaciones que continúan tramitándose en vía administrativa previa ante los Consejos de Colegios de Abogados, como vía obligada, previa al acceso a los tribunales.