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Noticias de Seguros

30 de octubre
08:49 2013
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La DGSFP reconoce que la regulación de los PRIPS podría afectar a todo el ramo de Vida Ahorro

En un principio la regulación europea de los productos empaquetados de inversión minorista (PRIPs), que requiere una carga importante de información sobre los riesgos a los que están expuestos los clientes, sólo afectaría, en lo que al ámbito asegurador se refiere, a los unit linked. Sin embargo, el subdirector general de Ordenación de Mercado de la DGSFP, Raúl Casado, ha reconocido en la jornada ‘La reforma de la mediación de seguros’, organizada por Seaida, que está encima de la mesa que abarque a todos los productos de Vida Ahorro. Esta posibilidad preocupa al sector ya que, según se ha destacado desde Unespa en varias ocasiones, no se ajusta a la realidad de los productos españoles, en su mayoría garantizados, por lo que ese sobrecoste de información no aportará nada al cliente y sí un esfuerzo añadido a las entidades.

Además de esta legislación, que se adaptará al ámbito doméstico a través de una modificación del artículo 6 de la Ley de Mediación, Casado hizo un repaso de las grandes líneas regulatorias en las que trabaja el supervisor en materia de mediación, entre ellas en la regulación de los comparadores, que al considerarse como una herramienta informática que utiliza el mediador se encuentran bajo el paraguas de la Ley de Mediación, lo que tiene importantes implicaciones que todavía quedan por resolver, como el hecho de que la mencionada ley impone limitaciones a la hora de recibir las retribuciones; o que al considerarse mediadores tienen que desarrollar una actividad de asesoramiento adecuada.

Respecto a la figura del auxiliar externo, la DGSFP pretende eliminar las limitaciones de sus funciones (captación de clientes y tramitación administrativa) y simplificar la figura general del auxiliar de forma que se le considere un colaborador del mediador cuyas funciones sean las que establezcan las partes, y no la ley. El supervisor también es partidario de derogar el registro administrativo de los auxiliares asesores porque, según Raúl Casado, no aporta nada: “Ya existe un registro de mediadores que nos permite controlar a los auxiliares que trabajan con ellos”, y también ha abogado por hacer extensivas las incompatibilidades que afectan a los mediadores a los auxiliares.

Sobre el análisis objetivo que deben realizar los mediadores no considera necesario que se tenga que analizar un número determinado de contratos (3, según la Ley de Mediación que incorpora una Directiva de 2002) para asesorar al cliente. La propuesta de la DGSFP es eliminar que sean necesarios 3 contratos para que se considere el asesoramiento independiente y suficiente. 

La DEC anual, en abril y no en julio

Raúl Casado también ha avanzado que tras la derogación de las DEC semestrales, la DGSFP estudia armonizar los plazos que existen a nivel estatal y de comunidades autónomas para presentar la DEC anual de los mediadores. En el ámbito estatal la fecha límite actualmente es el 10 de julio, y en algunas CCAA es el 30 de abril. Al supervisor le parecería razonable establecer está última fecha.

Domingo Lorente, secretario general del Consejo General, fue el encargado de abordar el proyecto de reforma de la Directiva de Mediación (IMD II). Entre las principales preocupaciones que ha suscitado en el sector se encuentra la pretensión de las autoridades europeas de recuperar la confianza de los clientes aludiendo a la transparencia, lo que en la práctica supone transparencia en la remuneración. En este sentido, Lorente ha valorado el hecho de que la DGSFP haya reiterado que es partidario de que no se desglose el importe de la comisión de la póliza de seguros, pero cree que finalmente “en Vida no nos vamos a escapar porque es un ramo muy cercano al sector financiero, que tiene todo publicitado”. No obstante, reconoce que lo que preocupa principalmente es su aplicación en el ramo de No Vida “por el impacto a nivel doméstico, ya que en este momento no hay un regulador que pueda controlar de verdad el mercado, y si se aplicara distorsionaría la competencia”. A su juicio, desglosar la comisión en un seguro masa “es un absoluto error, que afectaría hasta al empleo del sector. Muchos mediadores pequeños serían eliminados por esa competencia desleal”.

José María Muñoz, analizó el proyecto de reforma del Código Mercantil, que contiene la regulación de la Ley de Contrato de Seguro (LCS) y el régimen de la mediación, de la que destacó como novedad que regula por primera vez el contrato de corretaje, una regulación que calificó como “medieval, pero el caso es que está ahí”.

A lo largo de las jornadas se abordaron otros temas que afectan a la mediación: Antonio Rego, socio de Garrigues, analizó más en detalle la figura del auxiliar externo y auxiliar asesor; la vinculación de productos y la mediación en el ámbito de las entidades financieras fue abordado por Covadonga Díaz, de la Universidad de Oviedo; y Jorge Moreira, socio de Garrigues, abordó las figuras de los agentes vinculados, comparadores y otras formas de distribuir los seguros. José María Campabadal, presidente del Consejo General; Rodrigo Fernánez-Avello, presidente de Amaef; Martín Navaz, presidente de Adecose, y Reineiro Sarasúa, miembro de la Comisión de Agentes y vocal de la Comisión Permanente del Consejo General debatieron sobre los problemas y las oportunidades para la reforma de la Ley de Mediación.

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