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09 de mayo
09:28 2011
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El Gobierno abarata en unos 18 millones la prestación de servicios funerarios

El Consejo de Ministros del pasado viernes estudió un informe del Ministerio de Economía y Hacienda sobre el anteproyecto de Ley sobre Servicios Funerarios, la cual tiene como finalidad “garantizar el libre acceso a las actividades funerarias y su ejercicio, la libertad de elección de prestador por parte de los usuarios de servicios funerarios y la aplicación de prácticas que eviten la aparición de riesgos para la salud”.

El texto suprime elimina barreras de entrada y de ejercicio, “lo que tendrá un significativo impacto sobre la mejora de la competencia en el sector y de la calidad del servicio y sobre la reducción de cargas administrativas”. En particular, se eliminan:

• Todos los requisitos innecesarios o desproporcionados para el acceso a la actividad (número mínimo de vehículos y personal, salas de velatorio, acreditación de solvencia financiera, etc.).

• La autorización de acceso a la actividad, que se sustituye por una declaración responsable que habilita para el ejercicio en todo el territorio nacional.

• Las autorizaciones de ejercicio innecesarias o desproporcionadas, en particular las autorizaciones sanitarias para el traslado de cadáveres que no presentan riesgos para la salud pública.

• La prohibición de trasladar un fallecido hasta pasadas las 24 horas del fallecimiento.

• La exigencia de que los traslados deban realizarse por empresas autorizadas en los municipios donde se produce el fallecimiento o donde va a producirse la inhumación o incineración.

• La obligación de realizar prácticas de conservación a partir de las 48 horas desde que se produce el fallecimiento. Este requisito no es necesario si se utiliza un féretro especial.

• Las autorizaciones sanitarias para realizar prácticas de conservación y la reserva de actividad a los médicos forenses.

Según el Gobierno, la eliminación de estas autorizaciones y requisitos tendrá un significativo impacto sobre la competencia efectiva y supone una reducción de cargas administrativas que se estima en 18,3 millones de euros.

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