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Noticias de Seguros

17 de octubre
08:37 2011
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El Gobierno mejora la capacidad del CCS para agilizar la tramitación de siniestros

El Consejo de Ministros ha acordado la reforma del Reglamento de Riesgos Extraordinarios con un objetivo claro: Reforzar la capacidad de cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) ante determinados eventos de naturaleza extraordinaria y acometer la modernización del ámbito de protección del seguro Agrario Combinado. Sobre la aprobación de un Real Decreto para ese fin, el Gobierno resume que la experiencia acumulada por el CCS en cuanto a la tramitación de los diversos eventos de tempestad ciclónica atípica de los últimos años, sobre todo en 2009 y 2010, junto a los avances técnicos y científicos en el ámbito meteorológico, "han permitido mejorar la definición de este fenómeno desde el punto de vista de su tratamiento asegurador".

Por lo anterior, el Gobierno detalla que la reforma recién aprobada "modifica los umbrales de medición de la velocidad del viento con objeto de ampliar la capacidad protectora de la cobertura por riesgos extraordinarios, fijando la referencia para su definición en rachas de viento superiores a 120 km por hora". Además, mejora su tarea al establecer de forma específica "los criterios de delimitación geográfica que permiten acotar lo máximo posible el proceso de demarcación de las áreas afectadas por estos fenómenos y formaliza la colaboración de la Agencia Estatal de Meteorología con el Consorcio de Compensación de Seguros en esta tarea, lo que contribuirá a una más eficaz tramitación y pago de las indemnizaciones a los asegurados afectados".

También se dirige a "clarificar el ámbito de cobertura del seguro Agrario Combinado". Con ello trata de evitar "posibles solapamientos" con la garantía prevista por riesgos extraordinarios por daños en instalaciones y elementos productivos situados en las parcelas afectadas por esos eventos.

Por último, el Gobierno aclara que la reforma no supone un incremento de coste para las entidades o los asegurados e implica "un mayor grado de seguridad jurídica en la determinación de los fenómenos cuya cobertura corresponde al Consorcio de Compensación de Seguros y se mejora la capacidad de protección del sistema de aseguramiento frente a riesgos extraordinarios".

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