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19 de julio
13:04 2016
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El Instituto Aviva analiza las propuestas de los partidos políticos en materia de pensiones

Tras analizar las propuestas que los cuatro grandes partidos políticos llevaron en sus programas electorales a las elecciones del pasado 26 de junio en materia de pensiones, el Instituto Aviva ha presentado las conclusiones del análisis que ha realizado su Foro de Expertos.

Pasos en la buena dirección pero insuficientes

El Foro considera que las reformas realizadas en los últimos años, tanto en la Ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social de 2011, por la que se retrasó la edad de jubilación, entre otras cosas, como la Ley 23/2013, mediante la que se reguló el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social, han sido pasos necesarios muy importantes en la buena dirección para conseguir la viabilidad del sistema, pero ante el evidente déficit estructural que la modesta evolución de las cotizaciones de los últimos años ha puesto de manifiesto, considera que no son medidas suficientes por lo que nuevas acciones tanto inmediatas como a medio y largo plazo se hacen cada vez más necesarias. Ello es así porque, en poco tiempo, se agotará el fondo de reserva de la Seguridad Social, lo que demandará soluciones rápidas que, sin embargo, no deben contradecir la lógica de una reforma de mayor alcance y calado.

En este contexto puntualiza que ningún partido político ha expresado una propuesta global para adaptar nuestro sistema de pensiones la nueva realidad demográfica, sino acciones parciales y planteamientos que pueden paliar en parte el problema pero que no lo resuelven en su totalidad, cuando no, en algunos casos, ir claramente a la contra de lo que se necesita.

Prolongación de la vida laboral

Por otro lado, el problema fundamental al que se enfrentan la mayoría de los sistemas de pensiones en el mundo es el avance incesante y lineal de la longevidad. Este aumento de la longevidad, (la esperanza de vida en España se sitúa ya en 83,2 años, según los últimos datos facilitados por la OCDE correspondientes al año 2013, únicamente Japón supera a España en esperanza de vida, con 83,4 años de media), dará lugar a que aumente a un ritmo paralelo la edad de jubilación y los ciudadanos trabajen más tiempo. Para ello se deben favorecer las medidas que ayuden la prolongación voluntaria de la vida laboral, la flexibilidad en la transición entre trabajo y jubilación, pudiéndose compatibilizar ingresos de jubilación y laborales (como incentivo) sin restricciones.

Fomento del ahorro privado

La transferencia de una parte de la responsabilidad al ciudadano, en materia de generación de rentas para la jubilación hace que sea necesario fomentar el ahorro privado finalista (previsional y a largo plazo). Para ello una de las herramientas principales será la fiscalidad. Esta, deberá basarse en tres principios fundamentales:Incentivación, Neutralidad y Simplicidad

La creación de empleo puede ser una solución que aminore el problema a corto plazo pero aunque consigamos los 20 millones de afiliados (a junio 2016 existen 17,8 millones) se puede obtener una reducción del déficit coyuntural e incluso un superávit del fondo de reserva, pero a medio y largo plazo los problemas se mantienen ya que entrarán más cotizantes en el sistema con una desviación estructural mayor.

Las propuestas de nuevos ingresos a través de nuevas figuras impositivas pueden ser un elemento de la reforma definitiva, siempre que no distorsionen gravemente la actividad económica, pero en ningún caso podrán resolver el problema por si solas.

Enfoque a largo plazo y un gran pacto nacional

Desde el Foro de Expertos piensan que es necesaria una solución integral y definitiva que aborde el problema estructural del sistema de pensiones con un enfoque a largo plazo.

Para ello, consideran que una condición necesaria es un gran pacto nacional por las pensiones de las principales fuerzas políticas nacionales bajo el amparo del Pacto de Toledo. Dicho pacto debería empezar con el nombramiento de una comisión de expertos que prepare un informe de reforma integral del sistema para su análisis dentro del pacto de Toledo, donde se incluyan todas las reformas necesarias para conseguir la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones.

 

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