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25 de mayo
14:32 2017
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El 75% de los conflictos asistidos por ARAG en 2016 se resolvieron por vía extrajudicial

En España, los procedimientos judiciales siguen siendo costosos y lentos, motivo por el que los ciudadanos están apostando cada vez más por resolver sus conflictos extrajudicialmente. Si bien, es necesario incrementar su uso para conseguir desbloquear nuestro sistema judicial.

“En 2016, ingresaron 5,8 millones de asuntos en los tribunales españoles, lo que significa una reducción del 32% en relación al año anterior. Este descenso es positivo, pero todavía son muchos los casos que llegan a los juzgados. Nuestro entorno sigue estando muy judicializado”, subraya María Belén Pose, directora de Asesoría Jurídica de ARAG, durante la celebración de la jornada ‘Gestión eficiente de los conflictos en las empresas: best practices internacionales’, organizada por la aseguradora y el Grupo de Investigación Conflict Management de Esade Law School.

Ante el colapso que sufren los juzgados, María Belén Pose considera que debería impulsarse el uso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la conciliación, la negociación, el arbitraje y la mediación; técnicas que, en la jerga jurídica, se conocen con el acrónimo inglés ADR (Alternative Dispute Resolution).

ARAG ya está inmersa en la promoción de estas técnicas. De hecho, sus pólizas incluyen la posibilidad de que sus asegurados resuelvan conflictos por una vía distinta a la judicial. En 2016, la aseguradora asistió 79.463 casos –60 más que hace un año–, de los cuales el 75% concluyeron por técnicas ADR, siete puntos por encima respecto a 2015. “Pero la mayoría finalizan por negociación y transacción. Los clientes no nos piden acudir a la mediación. Aunque se lo ponemos a disposición, no hay interés”, precisa Pose.

En 2016, ingresaron 5,8 millones

de asuntos en los tribunales españoles,

cifra elevada aunque se redujo un 32%

En su opinión, la mediación debería promoverse “pero no en detrimento de otras alternativas” y se debería aprovechar las bondades de nuestra legislación: “En España, tenemos la ventaja de que una aseguradora puede ofrecer a sus clientes la mediación de conflictos como un servicio, algo que no pueden en Alemania, por ejemplo”. Arag está participando en un grupo de trabajo internacional para analizar la situación de la mediación en distintos países, entre los que se encuentran Alemania, Austria, Italia, Holanda, Reino Unido, Grecia y España.

De los 79.463 conflictos atendidos por ARAG, otro 6% se resolvió por mediación intrajudicial (a instancias del juez una vez iniciado el proceso judicial) y el 19% restante, tras sentencia judicial.

Fomentar la cultura de la mediación

A diferencia de los países anglosajones, España no tiene tradición por la mediación voluntaria de conflictos. De hecho, hasta 2012, no se aprobó una normativa que contemplase esta realidad. Se trata de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación de asuntos civiles y mercantiles. Pero continúa resultando insuficiente, por lo que el Ministerio de Justicia está abordando un proyecto para fomentar su uso, abanderado por Julio Fuentes, coordinador de la Unidad de Derecho Concursal, Arbitraje y Mediación de dicho Ministerio.

Fuentes reconoce que “hay mucho trabajo por hacer”, ya que se necesitará contar con profesionales e instituciones capacitados para llevarla a cabo. Y lo más importante: “tendremos que preparar a las empresas y a los ciudadanos de sus ventajas”.

Defiende que la mejor opción sería impulsar la “mediación obligatoria para resolver determinados conflictos”, aunque puntualiza: “Habrá que estudiar para qué casos puede ser útil”. No obstante, esto tendría el inconveniente de que se debería acometer una reforma de la ley actual, ya que sólo permite acceder a la mediación de manera “voluntaria”.

También aboga por establecer “cierta obligatoriedad” a que las partes acudan a sesiones informativas sobre mediación de conflictos antes de iniciarse el

El Ministerio de Justicia estudia

la implantación de la mediación

obligatoria para determinados casos

procedimiento judicial, siendo sancionadas en caso de incumplimiento. En este supuesto, habría que modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que sólo contempla esta entrevista cuando lo considere oportuno el juez competente y ya con el procedimiento en marcha. “Sería conveniente ampliar las competencias de los jueces para que puedan obligar a las partes a acudir a la mediación antes del juicio y no después, ya con las cartas sobre la mesa. Asimismo, sería importante conocer qué pasos han dado las partes para resolver el conflicto mediante la mediación. Y si lo han hecho, se les podría eximir de las sesiones de información”, matiza.

Otras de sus propuestas son la implantación de un sistema homogéneo en toda España y la creación de un Consejo Asesor, con el objetivo de promover la formación de mediadores profesionales, limitándose la impartición de cursos presenciales en universidades y corporaciones de derecho público.

Apoyarse en la tecnología

Lidia Peyrona, head of Legal en IBM España, Portugal, Grecia e Israel, ha profundizado en cómo puede ayudar la tecnología a resolver conflictos: “El 88% de los datos que disponemos no son estructurados, por lo que las computadoras nos ayudará a interrelacionarlos”. Y enfatiza: “Debemos ver a la máquina junto al hombre, no contra el hombre”.

Durante su ponencia, ha puesto el ejemplo de Watson, un computador fabricado por IBM capaz de superar al cerebro humano, como demostró en el  concurso de televisión estadounidense ‘Jeorpardy!’ en 2011, derrotando a los dos mejores concursantes de su historia.

Cree que estos sistemas de inteligencia artificial ayudarán a gestionar el conocimiento, a analizar los costes de los procesos judiciales y a la búsqueda de expertos, entre otros aspectos.

Por último, Juan Antonio de Rueda, Corporate Affairs Director en Equatorial Coca-Cola, ha insistido en que es relevante que las empresas cuenten con un completo mapa de riesgos, incluyendo aquellos que no sean estrictamente financieros (como daños a la reputación) y que suelen quedarse en el olvido. Para ello, recomienda a los directivos que integren la protección de los mismos en la estrategia y en la toma de decisiones de la compañía.

El acto, al que han asistido casi un centenar de personas, ha contado con la participación de Teresa Duplá, directora de Conflict Management Research Group de ESADE Law School, y de Marià Rigau, CEO de ARAG, que se encontraba entre el público pero que ha mostrado su preocupación sobre cómo puede convivir la tecnología con la “asfixiante” normativa de Protección de Datos.

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