Sábado, 18 de noviembre de 2017

Grupo Aseguranza

inicio

Noticias de Seguros

14 de noviembre
08:17 2017
Compartir

El seguro pide que las pensiones vuelvan a la agenda política

El sector asegurador español está decepcionado con el conjunto de los partidos políticos al entender que no están abordando con celeridad la reforma urgente que necesita el sistema público de pensiones. Ésta es la sensación que ha sobrevolado sobre la tradicional jornada –ya van 29 ediciones− que organizan anualmente El Nuevo Lunes y Fundación AXA, la cual ha girado en torno al lema 'Pensiones: ¿Riesgo sistémico?'.

Jean-Paul Rignault, presidente y consejero delegado de AXA, reconoce que en los últimos años se han acometido reformas importantes. Sin embargo, cree que son "insuficientes". Para demostrarlo, ha hablado del último informe de la OCDE, destacando las siguientes conclusiones: las generaciones nacidas a partir de 1970 tendrán dificultades para acceder a una pensión pública digna y España será el país más envejecido del mundo en 2030 al contar con el índice de fecundidad más bajo de Europa (1,3 hijos por mujer) y, por tanto, muy alejado del nivel de reemplazo generacional deseable (2,1 hijos por mujer).    

La tasa de sustitución se reducirá

unos 30 puntos de aquí a 2050,

situándose en el 51,7%

Ante estas previsiones tan negativas, considera que todas las partes implicadas deberían trabajar ya de manera conjunta para garantizar a los ciudadanos un futuro de oportunidades. Pero se muestra pesimista al respecto: "Tengo la sensación de que nos hemos relajado". Y advierte: "No hay tiempo que perder porque el paso del mismo juega en contra de los jóvenes de ahora, que serán los jubilados de mañana". En este sentido, pide que "se vuelvan a colocar las pensiones en la agenda política" porque, en su opinión, "han desaparecido de ella".  

Subraya que el objetivo de todos (gobierno, políticos, empresas y ciudadanos) debería ser "la construcción de un sistema de pensiones fuerte", constituido por una "pensión pública universal, otra complementaria de corte profesional accesible a todos los trabajadores y un tercer pilar, con incentivos equitativos, destinado a trabajadores con ingresos bajos, por cuenta propia o que no tengan suficientes años de cotización; es decir, un sistema diversificado con distintas fuentes de financiación". Para lograrlo, aboga por "encontrar el consenso necesario y poder transmitir así confianza a la sociedad".

Impulsar el segundo pilar

Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco, también ha cargado contra los partidos políticos por su pasividad y, al igual que Jean-Paul Rignault, ha facilitado una serie de datos para convencer a los asistentes –si es que no lo estaban ya− de que es urgente reformar el sistema público. Basándose en un informe de la Comisión Europea, ha puesto de relieve tres aspectos: en 2027, los españoles serán los ciudadanos de la UE que más años tendrán que tener cotizados (38,5) para optar a la pensión pública máxima de jubilación; España es actualmente el país europeo con la pensión –tanto la mínima como la máxima− más elevada, sólo superada por Luxemburgo y Noruega; y la tasa de sustitución española se reducirá unos 20 puntos de aquí a 2030, situándose en el 60,6%, y casi 30 puntos en 2050 (51,7%). "Y aun así será siempre más elevada respecto a la media de la UE", precisa.  

Sólo el 0,4% de las empresas españolas

cuenta con planes de empleo

Martínez-Aldama defiende que los ciudadanos tienen derecho a conocer estas cifras para tomar las mejores decisiones de cara a su jubilación. Y, en este sentido, critica al Gobierno por incumplir la Ley 27/2011, que le obliga a enviar una carta a los trabajadores mayores de 50 años informando de su pensión futura. "Es verdad que ha desarrollado un simulador on-line pero no contempla el efecto de la inflación ni el factor de sostenibilidad, por lo que ofrece una información poco fiable", reprocha al Ejecutivo.

Para adaptar el sistema de pensiones al envejecimiento de la población −España tendrá más de 15 millones de mayores de 65 años en 2040−, Inverco apuesta por adoptar un modelo mixto (de reparto y de capitalización), reforzando los planes de empleo, un instrumento que sólo utiliza el 0,4% de las empresas españolas. Así, considera que se fomentaría el ahorro finalista y se dejaría de invertir en el ladrillo, donde se encuentra aproximadamente el 80% del ahorro de los españoles.

Además, con el objetivo de desarrollar un sistema sostenible a medio plazo, propone traspasar las prestaciones de orfandad y viudedad a los Presupuestos Generales del Estado, introducir las cuentas nocionales e instaurar un sistema de capitalización cuasiobligatorio por defecto. También ha pedido establecer límites a la hora de hacer efectivos los derechos consolidados ya que, de lo contrario, "se puede poner en riesgo la naturaleza del ahorro finalista".

Estancamiento de la previsión social complementaria

Luis Miguel Ávalos, director del Área de Seguros Personales de Unespa, coincide con Martínez-Aldama tanto en el análisis como en las soluciones. Cree que, en materia de previsión social complementaria, "estamos estancados y se ha tocado techo". Por primera vez, el volumen de prestaciones es mayor que el de aportaciones.

Inverco pide fijar límites

a la hora de hacer efectivos

los derechos consolidados

Como el presidente de Inverco, considera que el futuro pasa por promover la previsión social empresarial, estableciendo un sistema de adscripción cuasiobligatoria por defecto −similar al implantado recientemente en Reino Unido− que tendría un sistema de financiación mixto (matching contribution) con aportaciones de la empresa y de los trabajadores.

También, reclama llevar a cabo otras reformas estructurales para beneficiar a las pymes, permitiéndolas que hagan contribuciones directas a Planes de Pensiones individuales o a PPA en favor de sus empleados; y a los autónomos, fijando límites de aportación específicos con plazos superiores al año. Respecto al sistema individual, solicita que se aumenten los límites a los mayores de 50 años, se mejore el tratamiento fiscal y se favorezca el cobro en forma de renta vitalicia.  

A diferencia de los ponentes anteriores, José Antonio Herce, director asociado de AFI, tiene esperanza en la Comisión del Pacto de Toledo: "Está deliberando tras escuchar a muchos expertos. Tiene todos los elementos sobre la mesa y hay que dar un voto de confianza aunque se le acaba el tiempo". También han participado José Antonio de Paz Carbajo, subdirector general de Seguros, quien ha analizado las últimas directivas comunitarias, y José García Abad, editor de El Nuevo Lunes.

  Votar:  
Resultado:   0 votos