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11 de enero
08:51 2013
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Las víctimas de accidentes de tráfico critican el proyecto de reforma del Código Penal

Las asociaciones de víctimas de tráfico se han reunido con el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román García, para transmitirle su "preocupación" por la supresión de las faltas en la reforma del Código Penal. Actualmente, el 80% de accidentes con víctimas son juzgados como faltas, según la directora de la Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico, Eugenia Domenech. En el Código Penal vigente se consideran faltas tanto las imprudencias leves con resultados graves como las imprudencias graves con resultados leves. Con la reforma propuesta por el Gobierno, las imprudencias graves que provoquen lesiones leves podrían quedar fuera de la vía penal, según Domenech. También podrían quedar fuera aquellas imprudencias que a pesar de ser leves han causado consecuencias graves, con lesiones permanentes o incluso la muerte de la víctima.

En el nuevo Código Penal queda a "discreción" de los jueces si una imprudencia como saltarse un semáforo en rojo y provocar a otra persona una lesión leve, que ahora se interpreta como falta, es lo suficientemente grave como para considerarlo un delito y, por tanto, tiene que ir por la vía penal o, sin embargo, la víctima tiene que acudir a la vía civil para reclamar su indemnización. Las víctimas consideran que la propuesta del Gobierno supone la"despenalización" de determinadas imprudencias en la conducción y defienden la necesidad de mantener tipificadas en el Código Penal las conductas imprudentes al volante que ocasionen daños a las personas y que se considere siempre una imprudencia grave el hecho de cometer una infracción administrativa grave o muy grave, tipificada en la Ley de Tráfico, cuando haya ocasionado víctimas.

Las víctimas afirman que deberían también contemplarsesanciones más duras para los casos de reincidencia y multireincidencia. Y piden la exención del pago de tasas judiciales para las reclamaciones de indemnizaciones por las víctimas de accidentes de tráfico y sus familias. El Ministerio de Justicia insiste en su predisposición a estudiar estas propuestas.

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