Martes, 21 de noviembre de 2017

Grupo Aseguranza

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02 de noviembre
10:32 2017
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Retrasar la IDD es sólo una propuesta, sin certeza de ser adoptada

Cada vez más voces hablan de un posible retraso en la aplicación de la Directiva de Distribución (IDD) en Europa. Después de las recomendaciones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo (ECON) pidiendo este retraso, Insurance Europe se mostró favorable a ello, como primera entidad relevante.

En España, el subdirector general de la DGSFP, Francisco Carrasco, ha puesto fecha a ese retraso en un encuentro de Mutualidad de la Abogacía: se pide el retraso de un año, sería por lo tanto hasta el 23 de febrero de 2019, aunque el subdirector explicó que "es lo que se pide, ya veremos si se da. Nosotros estamos trabajando con el plazo vigente".

Unespa también se ha pronunciado a favor de retrasar la trasposición a los respectivos ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. Esperanza Medrano, de la Asesoría Jurídica de la patronal, indicó en un encuentro de ICEA que sería conveniente un retraso puesto que hasta la fecha sólo Alemania ha completado la trasposición y, según parece, todos los países van con demasiado retraso. La propuesta de Unespa sería solicitar una prórroga de 6 meses a partir de la aprobación de la Ley de Distribución de Seguros con el objetivo de que las aseguradoras españolas tengan el tiempo suficiente para adaptarse a los cambios. Añade que de aprobarse, este retraso sería positivo para España ya que el anteproyecto de la futura Ley de Distribución de Seguros y Reaseguros todavía está en fase administrativa y pendiente del informe de la Agencia de Protección de Datos. Y, por tanto, se ganaría tiempo viendo que ahora el Congreso de los Diputados está inmerso en otras batallas y muchos proyectos legislativos se encuentran parados.

Consejo General: "Sólo una propuesta"

El Consejo General también se ha pronunciado al respecto y ha enviado a los presidentes de todos los colegios la petición realizada al Parlamento Europeo. En dicho escrito a las instituciones, Elena Jiménez de Andrade, presidenta del consejo, indica que "parece haber un consenso razonable dentro de los Estados y de las instituciones que representan a la profesión para retrasar la trasposición 8 meses". Destaca que supone una dificultad extra la ejecución de las disposiciones relativas a la gobernanza de productos y a la venta de productos de inversión basados en seguros.

A pesar de ello la presidenta especifica que se trata sólo de "una propuesta y que, por tanto, en estos momentos no tenemos la certeza de que vaya a ser adoptada".

Otras voces, como la directora de Cumplimiento Normativo y Control Interno de Mutualidad de la Abogacía, Laura Duque, ha manifestado que este retraso daría "un año de oxígeno". No obstante afirma que "aun con una prórroga los impactos son tan enormes que tampoco sería cuestión de echarse a dormir. Hay mucha tarea por delante".