Raquel Murillo, subdirectora general y directora del Ramo de RC de A.M.A., ha defendido que “la mayoría de reclamaciones judiciales contra profesionales sanitarios no deberían ser penales”, aunque también valora que la última reforma del Código Penal no ayudará demasiado a corregir la actual distorsión. Se refiere a la estadística que revela que 6 de cada 10 reclamaciones se hacen por vía penal, pero solo 3 acaban con sentencia condenatoria. Lo expresó en el taller de trabajo ‘Responsabilidad penal de los profesionales sanitarios tras la reforma del Código Penal’, organizado por A.M.A. durante el 22º Congreso Nacional de Derecho Sanitario que se celebra en Madrid.

Raquel Murillo destacó que obligar a los profesionales sanitarios a sufrir un procedimiento penal, aunque casi nunca venga acompañado de una condena, “sí acarrea consecuencias no jurídicas para el profesional, como son la afectación psicológica y el miedo a una inhabilitación profesional”. Entre otros aspectos que abordó, repasó novedades de la reforma del Código Penal para el colectivo sanitario como el refuerzo del delito de intrusismo o la delimitación de responsabilidad penal para personas jurídicas.

En el taller de A.M.A. participó Eduardo Torres Dulce, ex fiscal general del Estado, que consideró especialmente confusa la actual reforma, que, a su juicio, viene a agravar las excesivas modificaciones que suelen hacerse en nuestro país al Código Penal. Torres cree que la jurisprudencia penal sobre profesionales sanitarios debería circunscribirse a imprudencias, negligencias y mala praxis, siempre desde la óptica de la lex artis y una adecuada sistemática en torno al consentimiento informado.