El Consejo de Ministros dio luz verde el pasado viernes al informe sobre el Anteproyecto de Ley de Servicios de Atención al Cliente presentado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, y que obligará a las aseguradoras y otras empresas que prestan servicios de interés general destinados a los consumidores a tener servicios telefónicos de atención al cliente 24 horas. Además, las compañías tendrán que realizar una auditoría externa que analice una vez al año esos servicios de atención telefónica, exámenes que serán analizados por las autoridades autonómicas y el Instituto Nacional de Consumo. También serán calificados por los consumidores a través de la implantación de un sistema de valoración de la satisfacción al cliente sobre la atención recibida con una puntuación del 1 al 5.

La norma llegará al Congreso a principios de verano y se aprobará en esta legislatura, según los cálculos del Ejecutivo. Los objetivos, según el informe presentado en el Consejo de Ministros, son mejorar los derechos de los consumidores al establecer para las grandes empresas que ofrecen servicios de interés general la obligación de disponer de un sistema eficaz para facilitar información, atender y resolver las quejas y reclamaciones ágilmente; fijar un plazo máximo para que las empresas resuelvan las reclamaciones de sus clientes, y que la atención telefónica sea gratuita, ágil y personalizada; e impedir que el servicio de atención al cliente proporcione ingresos adicionales a la empresa a costa del usuario o sea utilizado para ofrecer otros productos al cliente.