El Banco de España acaba de publicar el informe ‘El sistema público de pensiones en España: situación actual, retos y alternativas de reforma’. El análisis parte de la premisa de que el sistema público de pensiones español se enfrenta a retos importantes causados por un aumento significativo de la población en edad de jubilación en relación con la población en edad de trabajar debido al progreso de la longevidad.

El organismo considera clave delimitar las tasas de sustitución que se pretenden asegurar con el sistema público. Si la opción es reducirla, “como resultaría de la aplicación estricta de las reformas recientes si no se incorporan nuevos ingresos al sistema”, habría, entre otras cosas, que considerar el papel de otros mecanismos de seguro y ahorro que ayuden a complementar las pensiones del sistema público de reparto, según se destaca en el estudio.

Los autores del análisis explican que un número significativo de países cuentan ya con un pilar de capitalización relativamente elevado, que complementa al pilar público de reparto. Pero advierten de que debe tenerse en cuenta que “el sistema de capitalización tiene algunas ventajas, pero también inconvenientes”. Entre las primeras, que es menos vulnerable a los fenómenos demográficos. Y entre los segundos, que “es más sensible a crisis inflacionistas y, como demuestra la experiencia de los últimos años, a las inestabilidades de los mercados financieros”.

Por este motivo, el Banco de España en este análisis considera que “cualquier avance en esta dirección debería venir acompañado de una definición paralela de los sistemas prudenciales más adecuados para garantizar la transparencia y la protección de los partícipes”.

¿Un sistema voluntario u obligatorio?

Además, asegura que el desarrollo de la capitalización resulta complejo y requiere un análisis previo detallado de cuestiones como: el periodo requerido para su implantación, su carácter voluntario u obligatorio, la rentabilidad que puede ofrecer en un escenario de estancamiento demográfico y bajo crecimiento de la productividad, o la distribución del coste asociado al cambio que supone esta implantación entre las distintas generaciones.

En cualquier caso, el Banco de España cree que es crucial que cualquier estrategia elegida aumente la transparencia del sistema, refuerce su contributividad y permita flexibilidad: “En concreto, se debería dotar a los ciudadanos de la información necesaria sobre su pensión futura, de manera que pueda tomar decisiones óptimas de ahorro y de participación en el mercado de trabajo”.

En este sentido, en el informe se destaca que resulta especialmente interesante en aras de esa mejora de la transparencia, flexibilidad en las decisiones de los individuos y la contributividad, “una vía de reforma que ha sido adoptada por algunos países de nuestro entorno consistente en completar la transición hacia un sistema de cuentas individuales nocionales de contribución definida”.