La Comisión Europea (CE) ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por obligar a los Fondos de Pensiones y a las aseguradoras extranjeras que ofrecen sus servicios en España a designar un representante fiscal. Considera que este requisito es discriminatorio y restringe la libre prestación de servicios. En enero, Bruselas ya envió un dictamen motivado a España, pero el Gobierno no ha adoptado las disposiciones necesarias para ajustarse a la legislación comunitaria, según la CE.

Según la norma española, están obligados a designar a un represente fiscal residente en España los Fondos cuya sede se encuentre en otro Estado miembro y que ofrezcan regímenes de Pensiones en España; las compañías de seguros de otros Estados miembro que operen en España; las empresas no residentes que operen en España en régimen de establecimiento permanente y los no residentes sujetos al Impuesto de Sucesiones y Donaciones en España.