Cuatro de cada cien corredores realizan actividades no aseguradoras

Inade ha elaborado un estudio con objeto de conocer a qué otras actividades se dedican los corredores, del que se extrae que 3 de cada 100 alternan su actividad con las finanzas, como asesor fiscal y agente financiero. Mientras, 1 de cada 100 la alterna con la de agente de la propiedad inmobiliaria. En total, el 85% de los corredores que desarrollan más de una actividad son personas jurídicas.

Inade recuerda que el trabajo se ha realizado con el fin de mejorar las políticas de los corredores en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. "Si la actividad complementaria se corresponde con las descritas en el artículo 2 (sujetos obligados) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, los corredores deben adaptar sus políticas en esta materia a las actividades afectadas", añade.

Por otra parte, Inade ha adaptado los Servicios de Atención al Cliente de aquellos corredores de seguros que han externalizado dicho servicio con el instituto. Éstos, además, están recibiendo sus nuevos reglamentos, formularios y los carteles informativos que deben situar en las oficinas abiertas al público, al tiempo que ha procedido a la adaptación de las políticas informativas de las páginas web y el resto de soportes de la red. "Los corredores de seguros se erigen, una vez más, en pioneros en el desarrollo y transparencia de su actividad profesional, en especial en este entorno en que otros operadores del sistema financiero tienen que solicitar ayudas al Estado para ejercer correctamente su actividad mercantil", subraya Inade.

Todo ello en relación con la entrada en vigor de la Ley de Economía Sostenible (LES) el pasado 6 de marzo, que ha traído consigo la modificación de varios textos legales que afectan directamente a los mercados de seguros y fondos de pensiones, detalla Inade. Una de las cuestiones objeto de modificación es la protección de los clientes de servicios financieros en cuanto a la desaparición del “Comisionado para la Defensa del Asegurado y del Partícipe en Planes de Pensiones” (figura que introdujo normativamente en el año 2004 el Gobierno de José María Aznar, pero que nunca se ha designado) y que es sustituida por el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), añade en su explicación.