La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, ha abierto una investigación de oficio ante el Banco de España y ante la DGSFP sobre los seguros de Protección de Pagos o de Vida que las entidades financieras obligan a suscribir a los ciudadanos para acceder a un préstamo hipotecario. Según los datos que han llegado hasta la Defensora del Pueblo, cuando se quiere un préstamo hipotecario, las entidades obligan a los solicitantes de un crédito a contratar con compañías aseguradoras de su mismo grupo seguros de que no llegan a activarse pese a haberlo pedido expresamente el cliente. Hay quejas de militares, ya que al tener un empleo de riesgo, se les excluye de la cobertura de fallecimiento del seguro de Vida. La investigación pretende averiguar si esta situación se ha generado también con compañías de seguros independientes de las entidades bancarias.