Agentes de la Jefatura Superior de Policía de Murcia han detenido a un hombre de nacionalidad española por estafar presuntamente a 15 personas, a las que conocía de su anterior trabajo como agente en una aseguradora, y apoderarse en seis meses de más de 500.000 euros para supuestas inversiones que nunca fueron realizadas. La investigación se inició en octubre de 2011 cuando algunos perjudicados por esta estafa comunicaron que habían entregado cierta cantidad de dinero a esa persona para realizar inversiones. Después de algún tiempo, los clientes habían perdido el contacto con ésta. Las investigaciones determinaron que el presunto responsable había sido agente de seguros de una compañía de seguros. Una vez finalizada su relación laboral con la aseguradora, había utilizado su antigua cartera de clientes para ofrecer esas supuestas inversiones, en las que prometía una alta rentabilidad (entre un 20% y un 30% de ganancia) frente a un riesgo prácticamente nulo. Una vez que disponía de la confianza y el dinero de sus clientes, el supuesto inversor se apoderaba de las cantidades entregadas y desaparecía, perdiendo así las víctimas lo entregado.

Por otra parte, la Audiencia de Barcelona ha condenado a 22 años de prisión a la mujer acusada de suplantar la identidad de una compañera de trabajo durante dos años y matarla en febrero de 2008 para cobrar sus seguros de Vida. Deberá también pagar una indemnización de más de 220.000 euros.

Por último, un agente de seguros de Ferrol será juzgado en la Audiencia por una supuesta estafa en la que las víctimas son decenas de clientes a los que cobraba la prima pero luego no tramitaba el asunto ante la aseguradora. El fiscal pide más de cinco años de cárcel. El imputado, socio fundador y administrador solidario de la oficina mercantil del ramo instalada en Esteiro, dejó de dar cuenta a Allianz y Reale de cantidades que recibía de los tomadores para el pago de las primas de los contratos. Según el fiscal, se trataba de seguros de RC de vehículos a motor. Estas cantidades, añade, las incorporaba a su patrimonio. No obstante, el problema pasó desapercibido para las aseguradoras, que entendían resueltos los contratos como si el cliente acudiese a otra compañía. Los tomadores recibían un certificado provisional e ignoraban que circulaban sin seguro porque las compañías habían rescindido el contrato por impago. Se calcula que el total de lo defraudado se aproxima a los 30.000 euros, según publica La Voz de Galicia.