La DGSFP presentó ayer en la Junta Consultiva el Borrador de reforma de la Orden EHA/339/2007 por la que se desarrollan determinados preceptos de la normativa reguladora de los seguros privados, y con el que se pretende minimizar el impacto en la cartera de las aseguradoras de la crisis de deuda periférica. La nueva regulación podría estar lista a finales de este año o principios del siguiente, aunque según ha recordado el director general de Seguros y Pensiones, Ricardo Lozano, en este momento no es necesaria su aplicación.

La orden ministerial flexibiliza los requisitos que deben cumplir los títulos de renta fija en la que invierten las compañías el ahorro de los seguros de Vida a largo plazo con rentabilidad garantizada. La normativa actual exige que los bonos tengan al menos un rating igual o superior a BBB. Si los activos en cartera pierden esta calificación deben reemplazarse por otros que tengan la calificación exigida (AAA, AA, A o BBB). La intención del supervisor es rebajar dos escalones el rating de los títulos que las entidades pueden mantener en las carteras (hasta BB y B). A cambio de esta flexibilización se introducen unos coeficientes penalizadores para estos activos: Sólo se contabilizarán entre el 61% y el 80% de sus cupones, según las características y la calificación crediticia de cada activo.

Debido a los vaivenes del mercado y a las continuas reducciones de rating de las diferentes emisiones, el sector asegurador español ha pasado de tener en cartera un 37% de las inversiones triple A al 13%; mientras que las doble A se han duplicado desde el 23% al 46%, por lo que el 60% de la cartera sigue invertido en emisiones con una elevada calidad crediticia. Este es el motivo por lo que desde el sector se asegura que, de momento, no existe una preocupación por la crisis en el aspecto financiero. La exposición total del sector asegurador europeo al riesgo periférico es pequeño, 232.000 millones de euros, centrada fundamentalmente en Italia y España.