Los principios bajo los que se rige la Ley de Dependencia no están actualmente reflejados en los servicios que se prestan a las personas dependientes, según Fundación Edad & Vida. Para la fundación `la desigualdad de valoración, emisión dictámenes y asignación de prestaciones entre Comunidades Autónomas pone de manifiesto la no universalidad de la Ley de Dependencia´, y la propuesta del Gobierno de formar a familiares de pacientes para su cuidado `actúa en detrimento de la profesionalización y calidad de los servicios para las personas mayores´. Por ello propone establecer definitivamente un marco claro de actuación conjunta del sector público y privado, defendiendo la calidad y profesionalidad de los servicios, la clara implementación de la coordinación sociosanitaria y el desarrollo de instrumentos privados de financiación complementarios que hagan sostenible la Ley.