Las víctimas de tráfico sienten que sufrir un accidente de tráfico con graves consecuencias es una carrera de obstáculos para ellas y para sus familias. Además, consideran que la atención personal que reciben de las principales instituciones es insatisfactoria y mejorable en la mayoría de los casos, según el estudio ‘El día después de los accidentes de tráfico: perspectiva de las víctimas’, realizado por el Instituto de Seguridad Vial de Fundación Mapfre, en colaboración con la asociación Stop Accidentes. El objetivo de esta investigación, en la que han participado cerca de 160 víctimas, es describir la experiencia personal de los accidentados y conocer cómo se relacionan con médicos, policías, jueces, abogados y compañías de seguros. También se pretende identificar las barreras que más perjudican a las víctimas y a sus familiares, así como las iniciativas que les ayudarían a superar, o minimizar, las secuelas de un accidente.

Según el informe, las víctimas consideran que, excepto en el momento del accidente, existe escasa coordinación entre las diferentes instituciones, lo que les obliga a dirigirse de forma individual a cada una de ellas. A esto se suma el gran nº de gestiones burocráticas, como solicitud de certificados, permisos o documentos, que deben realizar para recibir la atención que precisan. Además, en la mayoría de las ocasiones esos trámites se han de llevar a cabo en el mismo periodo de tiempo en diferentes administraciones y en circunstancias siempre difíciles emocionalmente para los familiares de los afectados. Un accidente de tráfico grave puede provocar la pérdida de uno de los miembros de la familia o una situación de dependencia, que, en muchos casos, se agrava y provoca gastos económicos extraordinarios, que se añaden a un drama humano imposible de cuantificar.

El estudio propone algunas medidas para mejorar la actuación de las instituciones, entre las que destacan planes de formación para que las relaciones con las víctimas sean más humanas. También recomienda establecer una red de coordinación entre todos los agentes implicados, con el fin de identificar los procedimientos que realiza cada institución y que éstas entiendan que su trabajo es complementario. En esta línea, el estudio propone la figura de un mediador, que se encargaría de realizar todas las gestiones burocráticas en nombre de la víctima. También se proponen medidas para mejorar la atención de los servicios médicos y destaca la importancia de que se aumente la rehabilitación en la sanidad pública. El informe insta a estudiar la posibilidad de ayudar a las familias para disminuir el gasto en el que incurren.