Ante la avalancha de empresas que han decidido trasladar su sede social fuera de Cataluña, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia de movilidad de los operadores económicos dentro del territorio nacional. En la práctica supondrá agilizar la movilidad territorial, facilitando los trámites, y dejando claro que será el consejo de administración de cada sociedad el órgano competente para decidir el traslado.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, destacó el viernes que la decisión sobre el traslado sigue correspondiendo a cada empresa y que, al igual que ocurrió en 2015 con la modificación de la Ley de Sociedades de Capital, la petición de este cambio ha partido de una serie de "instancias empresariales". Guindos ha asegurado que la modificación ha sido "comentada" con otros grupos parlamentarios, "fundamentalmente el PSOE y Ciudadanos".

Para el ministro, lo que sucede "es muy triste, pero no es culpa de las empresas, sino de una actitud irresponsable que genera inquietud". En estas circunstancias, corresponde al Gobierno favorecer todo lo que permita la prosperidad económica de Cataluña, añadió.

Por el momento, empresas como Sabadell, CaixaBank, Agbar, Banco Mediolanum, Dogi o Gas Natural ya han aprobado el traslado de sus sedes. Otras, como Catalana Occidente, Codorníu o Freixenet esperan acontecimientos para tomar decisiones.

Carácter retroactivo

La norma tendrá efecto retroactivo para traslados de domicilios de sociedades cuyos estatutos se hubiesen aprobado antes de esta reforma. Se señala que en ese caso se entenderá que hay "disposición contraria" a los estatutos cuando "con posterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto Ley se hubiera aprobado una modificación estatutaria que expresamente declare que el órgano de administración no ostenta la competencia para cambiar el domicilio social".

Según el Gobierno, la "extraordinaria y urgente necesidad" de la medida se justifica "por la exigencia de garantizar la plena vigencia del principio de libertad de empresa así como de respetar la prohibición de adoptar medidas que obstaculicen la libertad de establecimiento de los operadores económicos, ambos preceptos recogidos en la Constitución. Responde además a la demanda de amplios sectores empresariales ante las dificultades surgidas para el normal desarrollo de su actividad en una parte del territorio nacional".