El juez investiga la privatización de los hospitales de Madrid, pero no la paraliza

El Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid investigará el proceso de privatización de la gestión hospitalaria que inició el Gobierno regional tras la llegada de Esperanza Aguirre a la presidencia en 2003. El magistrado Marcelino Sexmero ha admitido a trámite la querella presentada por la asociación de médicos AFEM, por supuestos delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros. Ha citado a declarar como imputadas a 9 personas: 2 ex consejeros de Sanidad (Manuel Lamela y Juan José Güemes) y 2 altos cargos (Patricia Flores, nº 2 de la Consejería, y Antonio Burgueño, director general de Hospitales), y 5 representantes de las empresas que supuestamente se beneficiaron de las decisiones políticas (Fundación Jiménez Díaz, IDC Salud, Ribera Salud, Unilabs y Asisa).

El auto admite la personación de 4 diputados socialistas de la Asamblea de Madrid, que ejecutarán la "acción popular". En cambio, el juez rechaza la medida cautelar que le pedía AFEM en la querella: la suspensión y paralización general del proceso de privatización. “Se trata de una maniobra política más del Partido Socialista y de su sindicato afín”, replica el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty. El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha instado a la Comunidad de Madrid a que paralice el proceso de "privatización y desmantelamiento" de la sanidad pública. El diputado de IU de la Asamblea de Madrid Rubén Bejarano ha pedido al presidente regional, Ignacio González, "paralizar de forma urgente el proceso de privatización de los 6 hospitales madrileños”.

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que lo que ahora "se está privatizando" en Sanidad por el Ejecutivo de Mariano Rajoy "se desprivatizará" cuando los socialistas lleguen al Gobierno. En su intervención en el 6º diálogo del PSOE celebrado en Albacete bajo el nombre 'Ganarse el Bienestar en Europa', Rubalcaba ha subrayado que "la sanidad nunca puede ser un negocio", por lo que los socialistas "tendrán que quitar ese negocio" cuando lleguen al poder.