Según explica Legálitas, la entrada en vigor de la reforma del Código Penal podría suponer para muchas personas la renuncia a reclamar su indemnización o bien que se conformen con una cantidad inferior a la que legalmente les corresponde ofrecida por la aseguradora. La medida afecta de forma especial a los lesionados leves, que suponen el 75% de las víctimas de accidente de tráfico que reclaman a través de Legálitas.

Antes del 1 de julio (vía penal), cuando una persona sufría un accidente de tráfico e interponía una denuncia, era citado por el médico forense del juzgado, que valoraba las lesiones y elaboraba un informe gratuito que establecía la base para el cálculo de la indemnización y facilitaba conseguir acuerdos con las compañías y evitar, en muchos casos, el juicio. En los casos en los que sí se celebraba juicio el procedimiento era más breve, no era obligatorio personarse con abogado y procurador, y no existía riesgo a ser condenado a pagar las costas; teniendo que abonar únicamente, en caso de contar con abogado, un porcentaje de la indemnización.

Después del 1 de julio (vía civil), la situación ha cambiado, despenalizándose las lesiones imprudentes, dejando de utilizarse la vía penal y perdiendo la gratuidad y objetividad del informe del médico forense. El juicio se desarrollará por la vía civil, será más largo y aparece el riesgo de condena a pagar las costas, según explican desde Legélitas: “A partir de ahora, el lesionado deberá buscar un médico privado que realice el informe (coste de mercado entre 500 y 3.000 euros), con la desventaja de que, al ser un médico privado, será más discutido que el del médico forense. Además, la reclamación conlleva ahora otros gastos: abogado y procurador (obligatorio a partir de reclamaciones de más de 2.000 euros, que será el escenario más frecuente); el precio medio del abogado será, como mínimo, de unos 1.200 euros y del procurador de unos 300 euros, que sumados a los de informe médico se elevarían a más de 2.500 euros, con el consecuente efecto disuasorio para el lesionado que pretenda demandar”.

Para paliar el perjuicio provocado por el cambio legislativo, Legálitas ha diseñado un procedimiento que permita afrontar estos casos. El sistema, según informa, se basa en una serie de acuerdos con redes prestadoras de servicios médicos que elaborarán gratuitamente un informe de lesiones y ofrecerán asistencia sanitaria, traumatólogo y rehabilitador, sin coste adicional. El acuerdo incluye una red de abogados y procuradores con honorarios similares a los anteriores a la reforma penal, que permite acelerar el proceso de cobro intentando la negociación y presentando la demanda de forma inmediata. Por otro lado, en el caso de que la póliza de Hogar o Auto de la víctima tenga la cobertura de abogado de libre designación o defensa jurídica incluida, será la compañía aseguradora quien se haga cargo de los costes y no la víctima del accidente.