En el sector asegurador europeo es un clamor la petición para que se aplace la entrada en vigor de la Directiva de Distribución (IDD), que tiene que estar traspuesta al ordenamiento de los estados miembros de la Unión Europea (UE) el 23 de febrero de 2018, dos años después de haber entrado en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Comunidad Europea. Se habla de un año de prórroga, según ha confirmado Francisco Carrasco, subdirector general de la DGSFP, en el I Encuentro Económico-Asegurador 'Perspectivas económicas y riesgos emergentes' organizado por Mutualidad de la Abogacía y Expansión: "Esto es lo que se pide, ya veremos si se da. Nosotros estamos trabajando con el plazo vigente".

Eso es lo prudente, explica Laura Duque, directora de Cumplimiento Normativo y Control Interno de Mutualidad de la Abogacía, que ha reconocido que ese retraso hipotético que podría conceder la Comisión Europea (CE) a las entidades daría "un año de oxigeno". Pero asegura que seguiría habiendo mucho trabajo: "Aun con una prórroga los impactos son tan enormes que tampoco sería cuestión de echarse a dormir. Hay mucha tarea por delante".

Las novedades están en una nueva manera de comercializar, de informar a los clientes: "En algunos casos significa hasta 7 documentos nuevos que ofrecer al cliente. La información previa al consumidor se convierte en enorme, y no solo la precontractual sino también la postcontractual. Si se inclumple la IDD la multa puede llegar a los 5 millones de euros: "Es suficientemente desincentivador el régimen sancionador como para que todos nos pongamos a ello".

Y lo malo es que no solo se trata de la IDD, la presión regulatoria sobre la industria aseguradora es muy grande. De hecho, según Laura Duque el sector se enfrenta a un creciente riesgo de incumplimento. En primer lugar porque ahora hay normas cuyo incumplimiento esta penalizado con multas de importes millonarios, como la mencionada IDD; sanciones que el subdirector general de la DGSFP se ha encargado de recordar que vienen del ámbito internacional y europeo.

En segundo, en los temas relativos a la protección del consmidor no solo está el peligro de la multa o la responsabilidad civil en la que se puede incurrir, sino que también hay que tener en cuenta el riesgo reputacional: "Esto es especialmente importante en el caso de las aseguradoras sin animo de lucro como mutuas y mutualidades. Puede quebrar la confianza de sus clientes, que son dueños al mismo tiempo", advierte la directora de Cumplimiento Normativo y Control Interno de Mutualidad de la Abogacía.

Entre las normas que entrarán en vigor en 2018 y que agobian al sector ha destacado otras 2, además de la IDD. El 1 de enero entra en vigor el reglamento comunitario de Priips que impactará en los seguros de Vida y que pretende mejorar la información de los consumidores obligando a las compañías a proporcionar antes de la comercialización de un producto un nuevo modelo de nota informativa que, según afirma Laura Duque, es muy sofisticado de fabricar: "Las entidades afectadas tendrán que hacer cálculos bastante complejos de tal manera que, entre otras cosas, aglutinen en un solo numero el riesgo de mercado y el riesgo de crédito del producto".

Por este motivo, Duque ha pedido a la DGSFP que aclare el ámbito de aplicación de la norma "porque queda poco para ponerla en practica y los impactos son muy grandes. No solo porque es difícil de hacer sino porque hay que entregarla. En entidades con cadenas de distribucion complejas hay que establecer los mecanismos. Tiene una dificultad grande. Sería genial tener claro el ámbito de aplicación". El subdirector general de la DGSFP no hizo mención en su intervención a esta petición expresa. Si no se cumple esta norma, la multa puede ser de hasta 3 millones de euros, según han recordado desde Mutualidad de la Abogacía.

Bastante más puede costar saltarse el reglamento de protección de datos, hasta 20 millones de euros, un reglamento que "supone un gran cambio. Traslada la responsabilidad de establecer los mecanismos de deligencia para aforntar la responsabilidad del tratamiento de los datos". También hizo referencia, por novedad, a la reciente publicación, el 26 de octubre, en el BOE de las Cortes Generales de la Ley de resolución de conflictos de consumo, que tiene una disposición que establece que en 8 meses se creará una autoridad para resolver conflictos extrajudiciales en el sector financiero, a la que se tendrán que adherir las aseguradoras.

El subdirector general de la DGSFP hizo referencia a estas y otras regulaciones en el ámbito europeo y doméstico que afectan al sector. Entre ellas ha destacado la creación en materia de insurtech de un grupo de trabajo en la órbira de la Junta Consultiva de Seguros y Pensiones para estudiar el impacto en el sector: "Todos sabemos que la regulación va detrás de la realidad, pero hay que estar lo más cerca posible de la realidad para asegurar que la regulación no es un obstáculo a la digitalización, entre otras cosas. Todo aplicando el principio de proporcionalidad".

De describir esa nueva realidad se ha encargado José Miguel Rodríguez, presidente de la Escuela Práctica Financiera y Actuarial del Instituto de Actuarios Españoles, que ha asegurado que el gran elemento disruptivo es que "la aseguradora se va convertir en una entidad que aporta servicios de predicción. El asegurado será el principal mitigante del riesgo, y la aseguradora lo acompañará en su proceso de mitigación". Afirma que estamos ante la última generación de seguros tal y como los conocemos actualmente, que hay que repensar el contrato de seguro, y que las contingencias a cubrir van a cambiar.

También ha augurado que los dispositivos empleados en los coches o el hogar terminarán en modelos de inteligencia artificial "que no se pueden auditar y que no son transparentes. No se pueden identificar las variables. Y en un mercado tan regulado el cliente tiene derecho a la transparencia". José Miguel Rodríguez ha informado de que se han realizado varias propuestas para evitar esta falta de transparencia, entre ellas abrir el algoritmo y ponerlo a disposición del regulador para que pueda revisar lo que contiene, "es muy importante para dar transparencia al mercado"; o que en la elección de las variables que pueden intervenir en el algoritmo formen parte los técnicos, pero también juristas y expertos en ética.