El 81% de las empresas entrevistadas está a favor de que se apruebe un reglamento sancionador para el cumplimiento efectivo de la Ley contra la morosidad. Es uno de los datos más relevantes del VI Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España realizado por Crédito y Caución e Iberinform en el marco de la Cátedra de Cash Management impulsada por el IE Business School, en el que se recoge que ese interés por impulsar un reglamento sancionador contrasta con la falta de aplicación de las medidas actualmente a su alcance, como la aplicación de los intereses de demora, que son utilizados como elemento de negociación para el cobro del principal.

Asimismo, sólo una de cada tres empresas opera con plazos de pago de 60 días. El trabajo recuerda que el 55% de las empresas proveedoras de las Administraciones Públicas no percibe ningún cambio en los plazos de pago de la Administración. Otro 17% reconoce los efectos de los Planes de Pago a Proveedores impulsados desde la Administración para liquidar la deuda antigua, pero no percibe cambios en los nuevos contratos. Y sólo un 28% percibe un cambio efectivo.