La Ley de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler genera dudas sobre el futuro de muchos inmuebles vacacionales, que suponen una importante fuente de ingresos para miles de familias. Los datos de la consultora turística Magma sitúan el tamaño del sector de viviendas de uso turístico en España en unos 120.000 inmuebles, beneficiando de forma directa e indirecta a cerca de 436.000 personas y con un impacto económico de unos 2.000 millones.

Asunción Castejón, abogada de DAS Internacional, detalla que “en ningún caso se está prohibiendo a los propietarios que alquilen sus viviendas a turistas. Lo que ocurre es que estos alquileres, que hasta ahora estaban amparados por la Ley de Arrendamientos Urbanos, a partir de ahora se regularán por la normativa sectorial específica de cada comunidad autónoma. En definitiva, serán las normativas locales las que determinen los requisitos de cada alquiler, lo que supone importantes distinciones con comunidades más restrictivas que otras en las que existe un cierto vacío legal”. La situación es que comunidades como Cataluña cuentan con una normativa local que exige al propietario la solicitud de una licencia para que ofrezca su vivienda y el cumplimiento de unos requisitos mínimos de calidad, pero otras como Madrid, Castilla-La Mancha o Castilla León carecen de legislación al respecto.