El Consejo de Ministros del 23 de abril aprobó el Proyecto de Ley que modifica la Ley de Auditorías de Cuentas para adaptarla a la normativa europea. En él se establece una serie de requisitos específicos y controles más estrictos para los auditores de grandes entidades: Aquellas supervisadas por el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la DGSFP; a las que se determinen por su importancia pública significativa; y que tengan más de 1.000 trabajadores, presenten un negocio neto superior a 57 millones de euros o dispongan de unos activos totales mayores de 28,5 millones. Entre los controles específicos estará la realización de un informe anual de transparencia y la observación de determinados requisitos referidos a la estructura organizativa y a la dimensión de los auditores y sociedades de auditoría.