El Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales, que establece la incompatibilidad de cargos, lo que supone, entre otras cosas, que no se pueden ejercer cargos directivos en una corporación colegial y al mismo tiempo en compañías o mutualidades con las que tengan relación, ha provocado indignación en el sector de las mutualidades de previsión social.

Miguel Carrero, presidente de la mutua PSN, asegura que “establecer incompatibilidades para simultanear cargos sería un error que implicaría la pérdida de capital humano para las corporaciones de derecho público, como son los colegios”. Considera que compatibilizar varios cargos no tiene que suponer necesariamente una colisión de intereses: “Es lógico pensar que cuando un profesional es designado o propuesto para varios cometidos, es probable que posea cualidades destacables, algo que motiva tanto a corporaciones públicas –por designación directa o por elección democrática- como a empresas privadas a apostar por este individuo”. Miguel Carrero destaca el hecho de que “es de sobra conocido que en España la retribución de los gestores públicos no es la mejor de las posibles, por lo que son frecuentes los casos de abandono de la Administración al no poder simultanearla con otro puesto en la esfera privada”.

Desde la mutualidad Grupo AMIC, su director general, Eduardo Roldán, aboga por la modificación del artículo 38.4. e) del citado Anteproyecto para exceptuar de la incompatibilidad a las mutualidades de previsión social debido a que, según subraya, “los colegios profesionales son protectores y/o fundadores de las mutualidades, nacidas, en muchos casos, en el seno de los propios colegios, por lo que la citada incompatibilidad colisionaría con los principios básicos del mutualismo de participación democrática y autogestión, así como la participación de los socios protectores en los órganos sociales”.

La opinión de Eduardo Roldán coincide con la de la Confederación Nacional de Mutualidades de Previsión Social, que considera que el régimen de incompatibilidad de este Anteproyecto es “excesivo y podría ir en detrimento del ejercicio del derecho de asociación”. 

Las entidades se mantienen a la espera de conocer la redacción final de la Ley de Servicios Profesionales para ver las implicaciones que tendrá. El presidente de PSN explica que hasta que no se publique el texto definitivo no pueden valorar cómo afectará a su consejo de administración. En AMIC también están a la espera de conocer el texto pero su director general destaca que, en cualquier caso, no afectará a la gestión interna y al desarrollo de la mutualidad.