La reforma del sistema de pensiones en España no queda más remedio que afrontarla. Y a ser posible ya porque su sostenibilidad tal y como está no es viable, como se expuso ayer en la presentación de los resultados de todo lo abordado en el foro Diálogos en La Granja, con el patrocinio de Caser, que han servido para debatir sobre la reforma del sistema y elaborar una serie de propuestas que deben ser trasladadas a la política y a la sociedad. Tras la presentación por parte de José Antonio Illana, director de Quiero salvar el mundo haciendo marketing, que ha promovido el trabajo, Joan Fontrodona, director del Departamento de Ética Empresarial de IESE Business School, matizó que existen "muchas inercias" en el debate y el sentido que se ha querido dar en los encuentros de La Granja ha sido precisamente para "ver cosas distintas". Su introducción sirvió para poner de manifiesto dos cuestiones: la inquietud por el uso político que en ocasiones se ha hecho de la reforma de pensiones para influir en los electores y la pregunta ¿por qué no?, relativa a todo lo que es susceptible de cambio.

Manuel Álvarez, director del Observatorio de Pensiones de Caser, fue el encargado de mostrar la evolución del trabajo realizado y las consecuencias y planteamientos que ahora ven la luz. Comenzó por recordar que las pensiones constituyen uno de los pilares básicos del bienestar y todos los ciudadanos aspiran a la jubilación, y a hacerlo en la Seguridad Social, por lo que se hacía necesario un debate para reflexionar sobre tres ejes: diagnósticos, retos y propuestas.

En la primera sesión ese debate se concentró en cinco puntos principales. El primero de ellos la urgencia de la reforma; el segundo, que el futuro sistema sea flexible, equitativo, eficiente y sostenible en el tiempo. Un tercer aspecto, uno de los más novedosos, se refiere a que el ciudadano se involucre y adopte una actitud responsable porque le compete directamente; otra cuestión incide en la necesidad de mejorar la formación y la información, mientras el quinto punto clave es que todo lo abordado en los encuentros se traslade "a la arena política e ideológica".

De todo ello surge un diagnóstico que a su vez se divide en tres apartados. El primero corresponde al plano técnico, sobre lo que aseveró que la actual pirámide de población y la situación económica, junto a otros factores, limitan la sostenibilidad. En el social, en las tres últimas décadas se han puesto demasiadas expectativas en el sistema de pensiones y se ha producido una idealización de él, además de que el ciudadano reivindica sus derechos adquiridos. Y en el plano político, "quizá lo que más destacó fue lo que calificamos como negacionismo", y añadió que "es muy peligroso porque tarde o temprano habrá que tomar medidas".

Retos de envergadura

Una vez analizadas las causas de la situación actual del esquema de pensiones, el principal reto es la urgencia de la reforma y, además, llevarla a cabo. Para ello se debe mejorar la capacidad del propio sistema para que pueda responder a las nuevas necesidades sociales y diseñarlo de tal modo que sea capaz de incentivar actitudes responsables por parte de los ciudadanos, que tengan amplias opciones para tomar decisiones. También aparece entre los retos de especial atención que se produzca una verdadera responsabilidad política y que la reforma quede al margen del debate político. Por último, se debe definir el papel del entorno empresarial.

En cuanto a las propuestas concretas, la primera acción que surge de los encuentros de los expertos es diseñar una estrategia de comunicación encaminada a su éxito, lo que lleva a campañas de formación e información para que la sociedad sepa qué trata en cada momento. Con el objetivo de que al Parlamento lleguen las iniciativas concretas, también se propone la redacción de un manifiesto que contribuya a la movilización y a lograr adhesiones. En ese sentido, se invita a la creación de una asociación de ciudadanos con plena capacidad para debatir y generar propuestas concretas. El foro también insta a un pacto de estado para garantizar la transparencia de la reforma y a la creación de una comisión de expertos independientes para asesorar al Estado sobre las diferentes alternativas.

En una de sus valoraciones Manuel Álvarez aludió al Pacto de Toledo, sobre el que dijo que "está como latente, luego vuelve, se agita, y otra vez una especie de pacto de silencio".

Entre las opciones estudiadas por Diálogos en La Granja se habló sobre el modelo alemán pero especialmente el sueco, del que subrayaron que es mucho más transparente, donde cada ciudadano conoce al detalle su vida laboral y, en concreto, lo que han aportado y lo que van a percibir cuando se jubilen. Para concluir, Álvarez apuntó que también se trató la opción de implantar un sistema mixto, sobre el que hubo consenso.