La cláusula de defensa jurídica se aplica por siniestro y no por perjudicado. Aunque pueda parecer obvio, la ‘disputa’ es habitual y en este caso atañe a una correduría de seguros que tenía un vehículo asegurado con una compañía.

El Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia anterior por la que se desestimaba la demanda de una correduría frente a una aseguradora. Los hechos que motivaron la reclamación derivan de un siniestro ocurrido con un vehículo propiedad de la correduría y que se encontraba asegurado en la compañía demandada. La disputa surgió cuando tras la tramitación del siniestro, el asegurado (la correduría) reclamó el abono de los gastos de defensa jurídica, amparándose en que se encontraban cubiertos en póliza hasta el límite de 3.000 euros.

El demandante basó su pretensión en “que la compañía de seguros se ha hecho cargo de los gastos de defensa jurídica del lesionado y conductor del citado vehículo”. La entidad ingresó la cantidad, pero el demandante alegaba que “sin causa justificada, no se ha abonado a la entidad propietaria del vehículo los gastos invertidos en abogado, procurador y perito, considerando que la aseguradora demandada debe responder hasta el límite de 3.000 euros a cada uno de los perjudicados en la colisión de vehículos o, en su caso, que esa cantidad se debe partir en dos al tratarse de dos los asegurados y perjudicados por el siniestro”.

El juzgado se planteó si la cobertura de defensa jurídica que todas las pólizas de Automóvil contienen ha de ser de 3.000 euros para cada uno de los asegurados y perjudicados por el siniestro, o si por el contrario es la cantidad que globalmente está obligada a hacer efectiva. El juzgado, apoyándose en la doctrina del Tribunal Supremo, concluyó que la compañía de seguros se encuentra obligada a hacer efectiva la cantidad señalada en póliza de manera global, es decir, se establece que las coberturas reflejadas en póliza se aplican a cada siniestro del riesgo asegurado.