Tensión entre Bruselas y el sector asegurador por el uso de la prima contracíclica

El presidente de la Eiopa, Gabriel Bernardino, aprovechó la primera conferencia anual del organismo celebrada recientemente para alertar sobre el uso de la prima contracíclica, un mecanismo que se está discutiendo en el marco de Solvencia II para corregir el modelo de valoración de los pasivos aseguradores con el fin de que no se penalicen las inversiones a largo plazo de las compañías en momentos de estrés en el mercado. Bernardino alertó de que hay que tener cuidado al diseñarla para que no se incentive la inversión en activos de mayor riesgo: “Debe estar cristalinamente claro que la prima contracíclica es una herramienta de crisis que no debe incentivar que se use para disminuir la protección de los tomadores de pólizas”. En este sentido, abogó por un sistema flexible que sea constantemente monitorizado por la Eiopa, organismo que decidiría sobre su aplicación. Estas pretensiones chocan con los deseos de la industria aseguradora europea.

Las compañías consideran que la prima contracíclica sólo es válida si responde a una fórmula automática, y por tanto previsible, de forma que se sepa exactamente cuándo se va a aplicar. Frente a esta aspiración, Gabriel Bernardino no cree que una fórmula cerrada y fija sea deseable, o incluso posible: “No podemos pretender jugar a ser dioses y creer que podemos decidir con antelación cómo van a ser las próximas crisis”. Además, la industria considera que no debe quedar a discreción de la Eiopa la decisión sobre el uso y el nivel de esta prima. Considera que sin estas dos condiciones las compañías no van a poder diseñar productos a largo plazo.

El contexto

La discusión se enmarca en Solvencia II. El negocio asegurador es a largo plazo; opera bajo el planteamiento de que un cliente va a comprar un producto, como un Plan de Pensiones, y que van a pasar, por ejemplo, veinte años para que haya que pagar al partícipe, por lo que la aseguradora va a buscar activos a largo plazo en los que invertir el dinero para que el cliente cobre en su momento lo garantizado. Las aseguradoras consideran que Solvencia II debe recoger ese modelo de negocio y que, por tanto, no se pueden valorar los activos y pasivos como si fueran a venderse mañana, que es lo que ocurre con el modelo elegido en un principio, el mark to marked (a precios de mercado). En este mismo sentido, Tomás Muniesa, consejero delegado de Vidacaixa, afirmó recientemente en unas jornadas que el mark to market es el gran cáncer de la crisis, y destacó que este modelo “lleva a una gestión cortoplacista, mientras que el seguro es previsión a largo plazo”.

El problema se agrava en momentos de estrés como el actual. Desde el sector asegurador europeo se explica que, por ejemplo, si una compañía compra deuda española con una calificación triple A y luego baja el rating a B, a la aseguradora no le debe importar a efectos de valoración siempre que se sigan cobrando los flujos (no hay default) porque no va a vender el activo. Por tanto, para este tipo de negocio da igual lo que valga el activo en un momento concreto, teniendo en cuenta que, además, éstos siempre deben tener un mínimo de calidad crediticia (triple B en el caso de España actualmente). Todos estos problemas vinculados a los productos a largo plazo salieron a la luz a partir del QIS5. Y a raíz de ello se empezó a trabajar en medidas que solventaran esta dificultad. Así surgió la opción de la prima contracíclica, que básicamente consiste en utilizar la curva libre de riesgo (curva Swap) para calcular el descuento que se aplican a los pasivos aseguradores.

Por otra parte, la entrada en vigor de Solvencia II penalizará las inversiones que el sector asegurador realiza en fondos de capital riesgo, según publica Negocio. Los Fondos de Pensiones y las compañías aseguradoras europeas han sido tradicionalmente uno de los principales inversores institucionales en estos fondos, puesto que supone invertir cantidades moderadas de capital a medio plazo con unas rentabilidades muy atractivas. El sector asegurador español tiene una cartera de inversión de unos 200.000 millones de euros anuales.