El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente reforma la Ley Medioambiental del Gobierno de Zapatero, aprobada en 2007, y rebaja las exigencias de seguros, avales o garantías financieras, que sólo se reclamarán a 5.470 empresas, frente a las 320.000 de la normativa todavía vigente. Ante el dictamen crítico del Consejo de Estado por esa decisión, Agricultura argumenta que ha eximido a las actividades “con escaso potencial de generar daños medioambientales y con bajo nivel de accidentalidad”, según publica El País. Las cementeras, grandes químicas, centrales de energía eléctrica, sí deberán suscribir los ‘seguros verdes’.

Además, a diferencia de lo que ocurría antes, cuando era la Administración la que determinaba la responsabilidad de cada empresa, ahora el operador que esté obligado a constituir la garantía será el que “determine su cuantía a partir de la realización del análisis de riesgos de su actividad, y quien comunique a la autoridad competente la constitución de la misma”, según el texto del Anteproyecto.