La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, que encargue a la Guardia Civil investigar las relaciones desde 2001 entre las empresas subvencionadas, las aseguradoras y las consultoras, así como a los 30 imputados en la causa. Busca analizar "la facturación, retribuciones del trabajo y capital, rendimientos profesionales" y toda la información que contribuya a lograr pistas para el retorno de los fondos públicos logrados de manera ilícita, según El País.