El 11, 12 y 13 de noviembre la Federación Internacional de Peritos de Autos (FIEA) celebró en Valladolid su Asamblea General, un evento en el que contó como anfitriona con la Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de Averías (Apcas). Durante el encuentro, que se inició con el informe político del presidente de la Federación, Jean Claude Gillet, Juan Miguel Álvarez, tesorero de Apcas y director de Peritos de Caser, realizó una presentación sobre la pericia española en la que destacó, entre otros elementos, la variedad de los campos de actuación de los peritos de seguros de Autos, la valoración de daños, la reconstrucción de accidentes, la defensa Jurídica, las garantías mecánicas, la verificación de riesgos, la mediación o la resolución de conflictos. 

Por su parte el vicepresidente de FIEA y miembro de la Comisión Ejecutiva de APCAS, Manel Rabassa, hizo una exposición sobre las necesidades recíprocas de pertenencia de las asociaciones nacionales a la Federación, basándose en el caso español con referencia a Apcas y por parte de la Federación su necesidad de contar con el mayor número posible de organizaciones miembro.

En el marco de la celebración de la Asamblea también se desarrolló una Jornada Técnica en la que se presentaron ocho ponencias relacionadas con la movilidad, los aportes tecnológicos a la seguridad vial y sus consecuencias en la peritación de vehículos. Entre ellas, Ana I. Blanco, jefa del Área de Planificación y Participación del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la DGT presentó la ponencia ‘La movilidad en Europa y en España. Evolución, retos y soluciones en la transición a un fuerte desarrollo’.

Blanco destacó que España es uno de los países de la Unión que ha alcanzado el objetivo de reducción de la siniestralidad en el 50%. Estas cifras se han obtenido gracias a políticas de intervención en la normativa (cambio al permiso de conducir por puntos) y a través del incremento de la seguridad en los vehículos. No obstante, aseguró que “es necesario que la política de Seguridad Vial sea una política ‘de gobierno’ en el sentido amplio del término, y no de un solo órgano como es la DGT, así como la implicación de toda la sociedad”.