Las aseguradoras y las reaseguradoras de gran tamaño, junto a otras empresas del sector financiero como entidades cotizadas o las de crédito, tendrán que elaborar un informe anual que evalúe su el impacto financiero sobre su entidad de los riesgos asociados al cambio climático generados por la exposición a éste de su actividad. Es una de las medidas acordadas el viernes por el Consejo de Ministros, que además establece que el Banco de España, la CNMV y la DGSFP tendrán que elaborar de forma conjunta cada dos años un informe de evaluación de riesgos para el sistema financiero español derivados del cambio climático y de las políticas para combatirlo. Este informe contendrá sugerencias para mitigar el riesgo del sistema financiero y será remitido al Congreso de los Diputados, según lo que preveía el viernes el Gobierno.

Todo ello se encuadra en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE) examinado por el Consejo de Ministros.