La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha pedido llevar a cabo una reforma de la Ley de Segunda Oportunidad para incluir los créditos públicos, aquellas deudas que se mantienen con Hacienda y la Seguridad Social.

Lo hace después de una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 2 de julio que corrige la limitación existente en la ley a este respecto. El alto tribunal amplía en el fallo la capacidad de los juzgados de lo mercantil para actuar sobre las deudas contraídas con la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social que la ley dejaba fuera de exoneración. Esto significaba, a juicio de ATA, que la "ley sólo tenía de segunda oportunidad el título".

Más concretamente, la sentencia desestima el recurso de casación interpuesto por la AEAT contra una sentencia previa de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca en 2015, donde se daba la razón a una persona que se había acogido a la Ley de Segunda Oportunidad. Explica ATA que el fallo "no sólo deja en manos de los juzgados de lo mercantil el fraccionamiento de la parte no exonerable del crédito público -hasta ahora Hacienda tenía la última palabra-, sino que de facto abre la puerta a que a los deudores se les condone más de la mitad de la deuda contraíada con las administraciones públicas". En concreto, sería el crédito ordinario subordinado (intereses, recargos, sanciones y un 50% de la cuota). Mientras que el resto, el crédito privilegiado, se podrá abonar en un plan de pagos fraccionados de hasta 5 años.

Lamenta la federación nacional que haya tenido que llegar el Supremo para "decir lo que desde ATA llevamos diciendo años: que no podía existir", una ley como esta "sin que se incluyesen los créditos públicos, que son los que realmente hunden a los autónomos", afirma el presidente, Lorenzo Amor.