Con motivo del Día Europeo de la Justicia, onLygal ha publicado su Barómetro de la Protección Jurídica. Una de sus principales conclusiones es que casi 7 de cada 10 españoles se han planteado emprender acciones legales en algún momento de su vida, pero al final solo han llegado a dar el paso menos de la mitad.

Los datos del estudio revelan que el coste económico constituye el principal obstáculo para emprender acciones legales, con una valoración de 5,36 en una escala de 1 a 7. De hecho, el 71% de los españoles está bastante o muy de acuerdo con que disponer de un abogado es muy caro.

Pero el coste no es el único factor que condiciona la decisión de reclamar. Le siguen la complejidad de los procedimientos (4,90), el deseo de evitar problemas y estrés (4,29) y la incertidumbre sobre cómo puede acabar el proceso (4,27). En cuanto a la complejidad de los procedimientos, su peso e importancia aumentan con la edad, hasta alcanzar una valoración de 5,2 entre los mayores de 55 años.

También influye la percepción sobre la duración de los procesos judiciales. El 41% de los encuestados considera que la justicia es tan lenta que no vale la pena emprender acciones legales.

En resumen, los resultados evidencian que las barreras para ejercer los derechos no son exclusivamente económicas, intervienen también factores relacionados con la complejidad de los trámites, la incertidumbre y el desgaste emocional que puede generar un conflicto legal.

"Muchas personas saben que tienen un problema legal y se plantean actuar, pero terminan descartándolo porque consideran que el proceso será demasiado caro, complicado o largo. Por eso, es fundamental contar con un abogado de confianza y facilitar el acceso a asesoramiento jurídico desde las primeras fases del conflicto, para que los ciudadanos conozcan sus derechos, las alternativas disponibles y las posibles consecuencias de cada decisión", ha afirmado Gemma Viñuales, abogada de onLygal.

Ante un escenario hipotético en el que demandar no supusiera ningún coste económico ni de tiempo, el 58% de los españoles afirma que emprendería alguna demanda. La Administración Pública encabeza la lista de entidades frente a las que los ciudadanos se plantearían actuar, mencionada por el 19% de los encuestados. Le siguen las empresas para las que trabajan, las compañías de servicios y suministros y los bancos o entidades financieras. También aparecen los conflictos del entorno más cercano, como los relacionados con vecinos, jefes o compañeros de trabajo.

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