Caja Rural de Asturias se opone a declarar en la causa abierta por su mala praxis aseguradora

Continúa la causa abierta contra Caja Rural de Asturias por un delito de descubrimiento y revelación de secreto de bases de datos de sus clientes en la tramitación de seguros, unos hechos que fueron denunciados en 2019 por el Colegio de Mediadores de Asturias. En los últimos días, el Ministerio Fiscal ha intentado tomar declaración al representante legal de Caja Rural de Asturias como parte investigada, pero la entidad financiera se opone a ello, según ha revelado la institución colegial a través de un comunicado.

El Colegio de Mediadores de Asturias, que se persona como acusación popular, no entiende por qué Caja Rural de Asturias se opone ya que se "podría aclarar las dudas que se le plantean a la juez que investiga el caso". Desde su punto de vista, esta postura "incita a pensar que tienen algo que ocultar".

"La oposición de Caja Rural a declarar como investigada en la querella abierta contra ella y contra su director general es una maniobra por parte de dicha entidad financiera para evitar que los órganos directivos sean conocedores de su conducta delictiva y fraudulenta sobre el uso de los datos que los clientes deben aportar de forma obligatoria para domiciliar el pago de su seguro, en este caso concreto de automóvil y que deben poner a disposición de la entidad financiera", ha explicado Marcelino Tamargo, socio director de Espacio Legal, el despacho que representa al Colegio de Mediadores. Estudiados los hechos, el abogado no tiene dudas: "Caja Rural usó los datos personales de su cliente de forma inadecuada y fraudulenta, saltándose toda la normativa legal al respecto e incumpliendo también lo que marca la legislación en materia de protección de datos, dejando de esta forma desprotegido al cliente".

En concreto, se acusa a Caja Rural de Asturias de acceder a datos personales y de carácter privado de sus clientes a través de los recibos de las pólizas de seguros contratadas por sus clientes con otras compañías y domiciliados en la entidad, para ofrecerles seguros de la propia Caja Rural para la obtención de un beneficio propio.

El Juzgado de Instrucción nº 4 de Oviedo investiga a Caja Rural de Asturias desde finales de 2019. La denuncia fue admitida a trámite a instancias de la Fiscalía de Asturias, después de que el Colegio de Mediadores de Seguros de Asturias notificase prácticas irregulares en este sentido ante este órgano judicial.