El intenso debate político y social generado en los últimos meses en torno a la inminente reforma del Sistema Público de Pensiones y las dudas cada vez más generalizadas sobre la viabilidad futura de la Seguridad Social, han provocado un incremento del porcentaje de españoles que ahorra para su jubilación, según los datos del III Observatorio Caser Pensiones. Como explicó Manuel Álvarez, director del Observatorio, percibimos "un cambio significativo en el concepto de responsabilidad sobre el futuro de las pensiones" y se pone así de manifiesto que el temor a no disponer de una pensión el día de mañana comienza a calar en serio entre los españoles.

Así, según la encuesta, que ha pasado de 4.500 a 8.000 entrevistas y que incluye como novedad datos por comunidades autónomas, los ahorradores han aumentan en dos puntos respecto a 2009, pasando del 34,9% al 40,8%. La progresiva concienciación de la población lo demuestran también los porcentajes de quienes dicen que les es imposible ahorrar, que han pasado del 80,2% en 2009 al 65,1% en 2010, los que confían en la familia (del 33,7% al 6%), los que no se consideran previsores (del 54,1% al 26,2%) y de quienes no lo consideran necesario (del 58% al 36,7%). Entre las causas que impiden ahorrar, prevalecen las razones de índole laboral (70,4%) y que es un momento de muchos gastos (66,7%). 

Asimismo, sólo un 16% de los no ahorradores manifestaba en 2009 su intención de hacerlo en un futuro, porcentaje que ha ascendido al 49% en 2010. También se rebaja la edad idónea para empezar a ahorrar -de 43 a 34 años-, y aumenta la cuantía media de ahorro anual: De 2.280 euros en 2009 a 3.350 euros en 2010. El 51,2% ha ahorrado cada uno de los últimos tres años; el 63,2% destina una cantidad fija cada cierto tiempo a su jubilación; y el 74,5% tiene previsto ahorra este año más o menos lo mismo que el anterior. 

Respecto del Sistema Público de Pensiones, los encuestados tienen una percepción más ajustada que en 2009 de la cuantía media de la jubilación pública, aunque el 49,1% opina que las cuantías son muy bajas, que con ellas "pasarían necesidad" y el 38,2% las considera bajas para vivir modestamente. La probabilidad de quiebra del Sistema Público de Pensiones es alta, de 6,19 sobre 10, aunque aumenta el porcentaje de quienes consideran que reducirá sus pensiones pero no desaparecerá (el 52,4%) o que resolverá sus problemas y dará pensiones parecidas a las actuales (26,8%).

Los encuestados también se muestran bien informados sobre las medidas implantadas, o próximas a implantar por el Gobierno, así como sobre el Pacto de Toledo (su conocimiento pasa del 4,9% al 20,5%; y el 35,1% dice tener una ligera idea frente al 5% de un año antes), mostrando un claro rechazo ante decisiones que han generado polémica, como la congelación de las pensiones (con una puntación de 3,22 sobre 10) o propuestas como el retraso de la edad de jubilación (3,3 sobre 10), con sólo un 6% partidario de que se retrase a los 67 años y una mayoría que sitúa en torno a los 64 años la edad lógica. Como medidas alternativas citan aquellas dirigidas al fomento de la natalidad (6,68 sobre 10), el incremento de las ventajas fiscales (6,74 sobre 10) y el aumento de las cotizaciones de las empresas (5,44 sobre 10). De hecho, el 35% piensa que debería ser obligatorio por Ley que las empresas aportasen una cantidad de ahorro privado para la jubilación de sus empleados.

Asimismo, el 53,7% piensa que la responsabilidad de garantizar que las personas mayores dispongan de una pensión digna y suficiente es tanto del Estado como de los individuos, en una proporción de 3,62 para el individuo y de 6,38 para el Estado. Estos datos arrojan que cerca del 20% de los encuestados reconoce la responsabilidad del individuo en su jubilación, "un cambio sociológico de primera magnitud", en palabras de Álvarez.