Cesce pagará un dividendo de 10,3 millones y cambiará sus estatutos

Cesce ha celebrado su junta general extraordinaria de accionistas donde ha tomado dos decisiones destacadas.

Por una parte, ha dado el visto bueno a la distribución de un dividendo de 10,32 millones de euros con cargo a reservas voluntarias de libre disposición. Este importe equivale al 33,3% de los beneficios después de impuestos que la compañía se anotó en 20219 (30,96 millones) pero que no se distribuyó por las recomendaciones de los organismos europeos y secundados por la Dirección General de Seguros como una medida de contingencia ante la incertidumbre económica del Covid.

Explica la aseguradora que se ha tomado esta decisión después de realizar un "análisis exhaustivo y reflexivo de la situación de la entidad" y asegura que "no compromete ni la solvencia futura de la entidad ni la protección de los intereses de los tomadores de seguros y asegurados".

La segunda decisión aprobada en la junta autoriza un cambio en los Estatutos Sociales de la organización para cubrir el nuevo mandado de la aseguradora estatal. El pasado junio a través del Real Decreto-Ley 24/2020 se creó el Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (Fergei) y se estableció la cobertura por cuenta del Estado a Cesce de los riesgos derivados de operaciones de compra-venta, a medio y largo plazo, de suministro de energía eléctrica entre 'consumidores electrointensivos'. De esta manera la aseguradora asume "los riesgos de insolvencia derivados de la adquisición de energía eléctrica" para este tipo de consumidores.

La dotación inicial prevista para este Fondo es de 200 millones y se prevé una cobertura máxima de 600 millones en los tres primeros ejercicios. Cesce queda designado como agente gestor y al Consorcio de Compensación de Seguros como administrador de la tesorería del Fondo.

Para Cesce la medida está orientada "a evitar la pérdida de competitividad de la industria española y la deslocalización industrial". Asegura que el objetivo es fomentar contratos de suministro de electricidad y "facilitar a los productores la financiación de sus proyectos y garantizar la visibilidad sobre los precios de la energía eléctrica" para estos consumidores.