El Colegio de Mediadores de Zaragoza y Teruel ha informado de que comparte la preocupación que la figura del Defensor del Pueblo ha mostrado por la posibilidad de producirse prácticas abusivas por parte de las entidades bancarias y que le ha llevado a instruir un expediente sobre la imposición de seguros en la contratación de préstamos hipotecarios, en el que es parte el Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros. El colegio explica que está colaborando con el Defensor del Pueblo mediante la recogida de información relativa a posibles prácticas abusivas.

En el informe, según cuenta el órgano colegial, el Defensor recomienda “que se valore la necesidad de establecer restricciones a esta práctica de las entidades bancarias de imponer la contratación de los seguros de protección de préstamos, que como ha quedado expuesto anteriormente en la gran mayoría de los casos no garantiza el pago de los préstamos, dadas las numerosas limitaciones para desplegar la cobertura”. Lo que se pretende, añade, es posibilitar la contratación voluntaria real de estos u otros seguros a los clientes, en el caso de que decidan hacerlo. En el caso de estas pólizas impuestas, el Defensor recomienda a las compañías que extremen las cautelas en su interpretación, “ya que los ciudadanos no han prestado su consentimiento libremente para su contratación, y menos aún han sido informados adecuadamente”, explica el colegio.

El Consejo General, continua, está muy satisfecho con el informe del Defensor del Pueblo porque califica la relación entre los bancos y cajas con sus clientes, de asimétricas y desequilibradas, ya que la banca goza de privilegios que dejan al consumidor desprotegido. El Defensor considera que el Banco de España es una institución clave para el buen funcionamiento del sistema bancario, pero considera que su “Servicio de Reclamaciones desatiende el fondo de las quejas de los ciudadanos y que al no tener funciones ejecutivas, sus informes resultan inútiles para los ciudadanos”.