Comunidad de Madrid y sanidad privada acuerdan un plan histórico contra la expansión del COVID-19

"Ponemos en marcha un plan histórico que unirá la sanidad pública y privada" bajo una misma coordinación para luchar contra la expansión del coronavirus y tratar a los afectados. Ese acuerdo lo anunció el consejero de Sanidad de la CAM, Enrique Ruiz Escudero, avanzando que fruto de esa "colaboración pionera" se creará un sistema centralizado de UCI para llegar hasta las 1.000 camas destinadas a los pacientes que requieran de cuidados intensivos.

En lo que concierne a la parte de las aseguradoras, explicó que han acordado retirar de forma temporal la cláusula que contempla anular la póliza contratada en el caso de que el afectado que reclama la ayuda lo haga por haber sufrido una enfermedad considerada pandemia, como es en este caso el coronavirus. Ayer mismo Unespa ratificó una vez más que el seguro español garantiza la asistencia a los asegurados.

"Asimismo, se va a poner en marcha un recurso asistencial intermedio para atender a los pacientes con coronavirus entre la asistencia domiciliaria y el ingreso hospitalario", según la CAM. Se trata de la estancia medicalizada intermedia, que se realizará con los afectados leves que no pueden estar en su casa y que se tratarán en hoteles, pabellones u otros espacios. El objetivo es descargar de actividad asistencial a los hospitales para que puedan centrarse en los casos más graves y otras patologías.

El consejero de Sanidad de la CAM explicó que toda esta situación supone reorganizar el sistema sanitario madrileño. La plantilla se ha reforzado con más de 1.700 profesionales sanitarios. Además, en atención hospitalaria, se suspenden o retrasan las cirugías programadas, las consultas externas no preferentes, las pruebas diagnósticas no preferentes y los ingresos programados.

El Gobierno anuncia un nuevo plan de medidas económicas

Hasta 18.225 millones de euros asciende el importe que el Gobierno destinará este año en un plan de medidas excepcionales para mitigar el impacto por el COVID-19. Las medidas se unen a las adoptadas en materia sanitaria y de cobertura laboral en el Consejo de Ministros del pasado 10 de marzo.

En materia de sanidad, se refuerzan en 1.000 millones de euros los recursos del Ministerio de Sanidad a través del fondo de contingencia para atender los gastos extraordinarios que se generen, de forma que pueda atender de forma adecuada las necesidades sanitarias. A esa cifra se unen otros 2.800 millones de en adelantos de los pagos a cuenta a las Comunidades Autónomas para reforzar su disponibilidad de recursos con los que hacer frente a necesidades inmediatas derivadas de esta situación en sus sistemas sanitarios.

Otra medida se refiere a que se habilita al Gobierno para regular los precios de algunos productos necesarios para la protección de la salud. En caso de situación excepcional, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos podrá fijar el importe máximo de venta al público de determinados medicamentos y productos.

El Gobierno también ha acordado medidas de apoyo a las familias y para la gestión eficiente de las Administraciones Públicas. Y de apoyo al sector empresarial, de forma especial a los colectivos y sectores más directamente afectados por el COVID-19. "El Gobierno, para evitar posibles tensiones de tesorería de autónomos y pequeñas y medianas empresas, flexibiliza los aplazamientos del pago de impuestos durante un periodo de seis meses, previa solicitud, con bonificación en los tipos de interés. Esto permitirá inyectar hasta 14.000 millones de euros de liquidez", avanza.

En materia de financiación, se dispone una línea específica a través del Instituto de Crédito Oficial por importe de 400 millones de euros para atender las necesidades de liquidez de las empresas y trabajadores autónomos del sector turístico, así como de las actividades relacionadas que se estén viendo afectadas por la actual situación.

Otra iniciativa es la ampliación de las bonificaciones a la Seguridad Social para contratos fijos discontinuos que se realicen entre los meses de febrero y junio en los sectores de turismo, comercio y hostelería vinculados a la actividad turística.