El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha condenado al Gobierno de la Comunidad Autónoma a indemnizar a una mujer que tuvo que acudir a la sanidad privada por producirse retrasos injustificados en una operación quirúrgica en la sanidad pública.

La paciente padecía un agujero macular producido por un traumatismo cuya única solución era la intervención quirúrgica. Tras un periodo de tiempo de espera y reiterados retrasos la paciente decidió acudir a la sanidad privada.

Los magistrados consideran que existía una urgencia vital y el Tribunal considera que la forma de actuar de la paciente fue correcta al encontrarse ante riesgo cierto e inminente su propia salud o integridad. Por ello, califica de cierta la probabilidad de que un retraso en recibir la asistencia pudiera producir daños graves para la salud en forma de secuelas y condena al Gobierno cántabro al reintegro de los gastos.

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