Tras la propuesta lanzada por CiU, la mayoría de los grupos del Congreso apoyan solicitar al Gobierno que se limiten los Planes de Pensiones y las indemnizaciones para los gestores de entidades bancarias rescatadas.

La iniciativa se encuadra en una enmienda transaccional y se dirige a impedir el pago de estas retribuciones compensatorias para los que hayan sido gestores de entidades que han recibido ayudas públicas del FROB, a pesar de que las indemnizaciones hayan sido previamente comprometidas.

El portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, deja claro que se trata de que "no deben pagar justos por pecadores". También el PP se adhiere a la opinión de CiU, en el sentido de tratar de recuperar "la ética moral" y demostrar que "no va a tolerar más abusos". Y  a juicio del portavoz del PSOE, Jesús Caldera, no se deben repetir situaciones en las que gestores de entidades nacionalizadas reciben elevadas indemnizaciones porque "esto no puede ser posible, no es ético".