El Consejo General se ha manifestado sobre el reglamento que prepara el Ministerio de Economía y Asuntos Sociales para las reclamaciones de los usuarios ante la futura Autoridad de Protección del Cliente Financiero y Asegurador. Destaca el organismo que "perjudica a los pequeños negocios y disparará las quejas al margen de su veracidad".

Según se desgrana de dicha propuesta, el mediador tendría que afrontar un pago de 250 euros por reclamación que le afecte y reciba la nueva Autoridad que ultima el Gobierno.

Los colegios de mediadores proponen que la mejor forma de proteger al usuario es mediante penalizaciones a las malas prácticas después de demostrar fehacientemente que el mediador ha incurrido en ellas. Nunca a través de una tasa preventiva que primero recauda y luego dictamina la veracidad o no de la denuncia.

"Es una paradoja que la Administración sea incapaz de perseguir las infracciones graves a la Ley de Seguros y de la Competencia, que afectan a todo el sector, y ponga especial cuidado en gravar la presentación de una reclamación. Estamos -afirma el Consejo General- ante una nueva carga a la empresa de mediación sugerida por teóricos que desconocen la casuística del negocio pero que tienen una extrema habilidad en explicar cómo tienen que hacerse la cosas".

Competencia avala

Los pasos para la creación de este nuevo organismo se aclaran cada día más. La CNMC ha publicado un informe sobre el anteproyecto de ley de creación de esta autoridad que supondrá la puesta en marcha de un mecanismo de resolución de controversias entre las entidades financieras y sus clientes a través de una única autoridad administrativa, no a través de tres como hay en la actualidad. Además, estará dotada de autonomía e independencia y sus resoluciones serán vinculantes para las entidades financieras cuando las reclamaciones estén por debajo de los 20.000 euros.

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