El Consejo de Ministros del pasado viernes ha aprobado en primera vuelta el Anteproyecto de Ley de Servicios de Pago. De esta manera traspone la Directiva 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre. Según destaca, la nueva norma crea un marco integrado de este tipo de servicios en toda la Unión Europea y pretende hacer frente a los "nuevos retos y cambios planteados en la operativa con tarjeta en Internet o móviles, así como reforzar la seguridad en los pagos electrónicos".

Entre las novedades de esta norma, según destaca el Gobierno, se encuentra la exigencia de identificación reforzada del cliente en el acceso on-line a cuentas y reduce de 150 euros a 50 las pérdidas máximas que un cliente debe asumir en el caso de que no se produzca una operación de pago. Más allá de la Directiva, el Ejecutivo establece la obligación de todo empresario o profesional de ofrecer a los consumidores la posibilidad de utilizar algún instrumento de pago sujeto a esta ley.