El Consejo de Ministros ha aprobado un Anteproyecto de Ley por el que se modificará la Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Lossear) y el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporaron al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de varios sectores, incluidos los seguros privados y el de Planes y Fondos de Pensiones.

Con este Anteproyecto de Ley se pretende transponer al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2025/2, que modifica la Directiva 2009/138/ce en lo que respecta a la proporcionalidad, la calidad de la supervisión, la presentación de información, las medidas de garantía a largo plazo, los instrumentos macroprudenciales, los riesgos de sostenibilidad y la supervisión de grupo y transfronterizas, reforzando así la estabilidad financiera y la protección de los asegurados.

En concreto, estas modificaciones se agrupan en 6 bloques: proporcionalidad, estableciéndose diversas medidas para aligerar la complejidad del cumplimiento de la normativa, especialmente para pequeñas y medianas empresas; capital de solvencia, mejorándose en general la sensibilidad al riesgo del capital de solvencia (a más riesgo, más capital), aunque también hay modificaciones orientadas a facilitar la inversión de las aseguradoras en activos que financien la economía; régimen macroprudencial, dotándose al supervisor de nuevas herramientas dirigidas a reforzar y mantener la estabilidad financiera, especialmente para casos de crisis; sostenibilidad, pasando a tener un papel protagonista, dado que el sector asegurador, junto con banca y valores, está llamado a financiar la transición hacia una economía sostenible; y actividad transfronteriza, reforzándose los poderes de los supervisores nacionales para controlar y corregir posibles actuaciones de aseguradoras extranjeras que menoscaben los derechos de los consumidores.

El último bloque es de otras medidas, incluyéndose las siguientes: se simplifican y racionalizan las obligaciones de información de las aseguradoras, se refuerza la supervisión de grupos aseguradores y se establecen medidas orientadas a lograr que las aseguradoras sean dirigidas por personas honestas y con suficientes conocimientos.

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