La Asociación Cluster Catástrofes ha constituido la Mesa Técnica de Seguimiento de la Directiva CER (Resiliencia de las Entidades Críticas) para apoyar la implantación de esta normativa en España y promover una visión integrada de la resiliencia de los servicios esenciales. Reúne a representantes de la ingeniería, el sector asegurador, la consultoría especializada, la investigación y el tercer sector y cuenta con entidades como el Instituto de la Ingeniería de España, Fundación ONCE, Zurich Seguros, Afi y el propio Cluster Catástrofes.

Recuerdan que el Proyecto de Ley de Protección y Resiliencia de Entidades Críticas continúa actualmente su tramitación parlamentaria, mientras que los Estados miembros deben afrontar durante las próximas semanas uno de los hitos más relevantes previstos en la normativa europea: la identificación formal de las entidades críticas antes del 17 de julio de 2026. El proceso permitirá determinar qué infraestructuras, operadores y servicios tienen carácter esencial para el funcionamiento de la sociedad y la economía y establecer las medidas necesarias para reforzar su capacidad de prevención, preparación, respuesta y recuperación frente a riesgos naturales, tecnológicos, climáticos e híbridos.

Pedro Tomey, presidente de la Asociación Cluster Catástrofes y del Observatorio de Catástrofes, sostiene que "la Directiva CER nos ofrece una oportunidad para reforzar la resiliencia de España desde una visión integral. La identificación de las entidades críticas no debe entenderse como un mero trámite administrativo, sino como el punto de partida para conocer mejor nuestras vulnerabilidades, anticipar riesgos y proteger aquellos servicios cuya continuidad resulta esencial para la ciudadanía y para la actividad económica".

Adelantan que entre las primeras líneas de trabajo de la Mesa figuran el análisis de riesgos e interdependencias entre sectores esenciales, el desarrollo de indicadores de resiliencia, el seguimiento de la implantación de la Directiva CER, la incorporación de la perspectiva de las personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables, y la elaboración de recomendaciones dirigidas a administraciones públicas y operadores.

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