Las consultas relacionadas con seguros de riesgos cibernéticos han crecido un 30% en el último año según los datos del Consejo General, sobre todo desde el segmento de las pymes que han visto cómo han aumentado los ataques durante la pandemia por el aumento del teletrabajo.

Aunque las grandes empresas son objetos de ataques con mayor valor económico unitario, las pymes son las más afectadas al recibir el 70% de los ataques en España, según datos del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), ya que son más vulnerables al no contar con buenas infraestructuras digitales. El coste medio que genera este tipo de ciberdelincuencia a una pyme es de 35.000 euros.

Falta de formación de los empleados

Acceder a los servidores de las empresas a través de sus redes personales facilita los ciberataques. Además la falta de formación de los empleados y a la ausencia de medidas de ciberseguridad en el teletrabajo aumenta el riesgo.

Los mediadores recuerdan la necesidad de contar con un seguro específico que cubra los posibles daños que se pueden ocasionar a raíz de este tipo de amenazas. Para el Consejo General "es un ramo muy complejo por la dificultad de delimitar el alcance del riesgo y la casuística que genera. Aunque todavía está dando sus primeros pasos, es uno de los que más crecerá en menos tiempo".

En la actualidad, los ciberseguros generan un volumen de negocio de aproximadamente 500 millones de euros en España con un crecimiento sostenido de dos dígitos.

Por otro lado, "en un siniestro de ciberseguridad es crucial solucionar el incidente lo antes posible, así que la asistencia informática y legal es clave", apuntan los mediadores. En este sentido recomiendan contar con coberturas que cubran lo gastos derivados de la necesidad de contratar servicios externos, como asesoría legal y técnica en temas como la investigación de causas, alcance o posibles consecuencias del ataque o del error interno, restitución de datos o restitución de la imagen frente a clientes o terceros; que cubran también los daños económicos de tipo consecuencial que pueda sufrir la empresa tras un incidente (ataque), como puede ser la pérdida de negocio así como las responsabilidades frente a terceros, generalmente derivados de fallos en la seguridad, que pueden haber comprometido sus datos o haber permitido que alguien se introduzca en sus sistemas, incluyendo los gastos de defensa jurídica.

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